Ciudad Guayana.- El estado Bolívar inició 2022 con más muertes y violencia, según el monitoreo de la Comisión para Los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu). Las fuerzas policiales y militares ejecutaron a 5 hombres en presuntos enfrentamientos.
El monitoreo realizado por la organización de la sociedad civil a medios de comunicación regionales, alertó sobre las reiterativas vulneraciones al derecho a la vida, la integridad y al debido proceso. Las cifras revelaron que 3 de las víctimas fueron ejecutadas en el municipio Caroní, y las otras 2 en Cedeño.
Adolfo Mercado Iriarte, de 45 años de edad, fue ejecutado por la Dirección de Inteligencia y Estrategias del Cuerpo de la Policía del estado Bolívar (Diepeb). El Diario de Guayana narró, a partir de la versión oficial, que el hombre murió durante una balacera en Unare II, en horas de la noche.
El viernes 21 de enero, el mismo medio de comunicación informó sobre la muerte de un hombre apodado “Luis Zasa”, presuntamente líder de una banda delictiva, durante un supuesto enfrentamiento.
Otro hombre fue presuntamente ejecutado durante un supuesto enfrentamiento con efectivos de la Diepeb, en Puerto Ordaz. Según la versión oficial, narrada en medios de comunicación regionales como Nueva Prensa, el sujeto, apodado “El Negrín”, huyó de las autoridades que lo perseguían ante denuncias sobre robo en transporte público. La víctima murió por herida de arma de fuego en el hospital Uyapar.
Sin garantía de derechos
Por otro lado, un hallazgo relevante del monitoreo en el mes de enero es que Cedeño, que siempre fue uno de los municipios con menos casos en oportunidades pasadas, registró dos víctimas esta vez. El Diario Primicia reportó el 9 de enero que una de ellas, un hombre apodado “El Enano”, era líder de una banda delictiva. La información relata que cuando fue trasladado al Hospital Dr. Arnoldo Gabaldón no tenía signos vitales.
La otra persona no fue identificada por los medios de comunicación, pero murió bajo circunstancias similares el 5 de enero en el municipio Cedeño, a manos de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.
La organización de la sociedad civil y defensora de derechos humanos alertó que a pesar de que estas personas fueron señaladas de presuntos delincuentes, el Estado debe respetar los derechos humanos de las mismas, asegurar el debido proceso y el uso debido de la fuerza y armas de fuego.
Estas víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales representan una cara de la violencia, en un estado en el que imperan la presencia de grupos armados, la minería ilegal, desapariciones, y la violencia de género. Y son hechos que se añaden a la Emergencia Humanitaria Compleja (EMC) que menoscaba la calidad de vida de los venezolanos.
¿Qué es una ejecución extrajudicial?
El Protocolo de Minnesota sobre La Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas toma en cuenta situaciones específicas en las que el Estado puede violar el derecho a la vida.
El instrumento se aplica a la investigación en situaciones en las que la muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, “de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida”.
Esta parte del Protocolo habla de, por ejemplo, aquellas víctimas a manos de funcionarios de las fuerzas del orden u otros agentes. Incluso las causadas por los llamados “escuadrones de la muerte” que sean sospechosos de actuar bajo la aquiescencia del Estado.
Existe también otra forma de ejecución extrajudicial en la que el fallecimiento de la persona sobreviene cuando está detenida o bajo custodia del Estado o sus agentes.
El documento destaca que esta característica se evidencia en el contexto de las personas detenidas en prisiones o en cualquier instalación donde el Estado ejerce un mayor control sobre la vida del individuo.
Contexto venezolano
Según la tasa de homicidios en América Latina y el Caribe en 2020, Venezuela es el segundo país más violento de la región. Y Bolívar es el tercer estado más violento del país, de acuerdo a la última actualización del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
El OVV también anunció a principios de año un aumento de las ejecuciones extrajudiciales en las zonas empobrecidas. Según sus datos, durante 2021 hubo un promedio 6 muertes diarias por “resistencia a la autoridad”. Y tan solo en enero de 2022 fueron asesinadas 27 personas por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Codehciu alertó que en 2021 hubo 74 víctimas en Bolívar. En 2020 y 2019 la organización monitoreó 208 y 218 casos, respectivamente.
En su reporte anual advirtió que “la diferencia en la cantidad de víctimas reportadas en años anteriores refleja que los medios de comunicación regionales narran cada vez menos estos hechos”. Un estado de indiferencia que tiene su origen en la impunidad, amedrentamientos y la falta de investigación.
El contexto de violación de derechos también ha tenido visibilidad internacional. En un informe publicado en septiembre de 2020 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), se exhorta al Estado venezolano a exigir cuentas a los responsables de las múltiples ejecuciones extrajudiciales en el país. Para esa fecha, el organismo había examinado 2891 casos.
La oficina además destacó haber encontrado motivos razonables para creer que “las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad”.
El derecho a la vida está consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Junto a este, va aunada la integridad de cada persona. Asimismo, el debido proceso es un derecho que busca la aplicación correcta de las leyes, asegurando la dignidad humana, en la investigación de cualquier hecho delictivo.
Codehciu exhorta al Estado, sus órganos y agentes, a garantizar el debido proceso, a respetar la vida y la integridad de sus ciudadanos y a realizar investigaciones imparciales para hallar a los responsables de estas presuntas ejecuciones. Además, debe existir reparación para los familiares de las víctimas.
Prensa Codehciu
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