Tras los eventos ocurridos el pasado 20 de marzo en la empresa Desarrollos 266, C.A., donde se llevó a cabo el embargo de vigas metálicas y una grúa torre por parte de la empresa privada de recolección de desechos sólidos de Caroní, Fospuca, abogados de los afectados denunciaron la ilegalidad de las acciones
El abogado corporativo Carlos Pecora denunció que Fospuca “ha diseñado un sistema de intimidación para los empresarios del municipio Caroní. Llevando a cabo procedimientos judiciales que a todas luces, cualquiera estudiante de derecho puede darse cuenta de que están viciados de nulidad”.
Precisó que las autoridades responsables de administrar la justicia deben garantizar y velar porque se respeten los principios y leyes.
El Dr. José Gregorio Meignen, por su parte, expresó que otro de lo vicios que adolecen las demandas es el contrato celebrado entre la Alcaldía de Caroní y la empresa Fospuca, mediante el cual, dicha empresa privada cobraría a los usuarios por el servicio de recolección de desechos sólidos.
Sin embargo, ningún empresario ha suscrito contrato directo y en algunos casos, existe cobro de servicios no prestados.
Lo acontecido con Desarrollos 266, C.A. evidencia que a Fospuca no le interesa resolver los casos judicialmente. Tomando en cuenta, además, que la empresa se había dado por intimada y posteriormente realizó la oposición respectiva de ley el pasado 19 de marzo.
Utilizan a los medios
Los abogados plantearon que se está desatando una campaña de propaganda y de terror judicial, mandándole un mensaje a los empresarios que no han llegado a acuerdos con Fospuca, para que, bajo el temor de que a ellos les va a pasar igual, vayan y hagan convenimientos que son abusivos y onerosos.
Para ello, el apoderado legal de Fospuca , Basan Souki, aprovecha a medios digitales haciendo creer a la gente que no tienen ninguna otra opción más que pagar, porque de lo contrario, les puede suceder igual que a los empresarios afectados por las acciones lideradas por la empresa de recolección de desechos.
Pécora explicó que si Fospuca tuviera la razón, no necesitaría atacar con nivel mediático basado en el terror.
Llamado al alcalde
Los doctores Pecora y Meignen hicieron un llamado a la máxima autoridad del municipio Caroní, el alcalde Tito Oviedo, a tomar medidas de acción ante esta situación que afecta no solamente a los edificios ubicados en Alta Vista, detrás de la Torre Bell, sino a todos los comerciantes de la ciudad.
De lo contrario, es posible que la situación se multiplique y aumenten los casos de este tipo. Exponiendo el retroceso de la evolución del derecho en Venezuela, pasando por encima de los intereses de la sociedad y las leyes.
Casos similares
Según Pecora, se ha diseñado una especie de franquicia judicial de demanda, elevando a más de 40 casos que cursan en los tribunales de Ciudad Guayana desde 2022. Sin embargo, es un panorama que se repite no solo en Bolívar, sino también en otros estados del país.
Tal es el caso de denuncias como las realizadas por empresas como: Repuestos Peñuela, C.A., en Lara; Sigo, C.A. en Nueva Esparta.
Por su parte, en Caroní algunos de los casos son encabezados por empresas como: Supermercado Río Estelar, C.A; Chinalandia, C.A; Automóviles Regio, C.A.; Centro Clínico San Andrés, C.A, entre otros.
Formación gratuita para empresarios
Los abogados informaron que próximamente se anunciará a través de los medios un taller especial dirigido a los empresarios que deseen formarse en materia legal. Sobre todo para defenderse de este tipo de atropellos que están denunciando. (Prensa Tribuna Jurídica)
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