La activista venezolana de derechos humanos Aurora Silva exigió este sábado una prueba de vida de su esposo, el activista político Freddy Superlano, y del periodista Roland Carreño, tras señalar que desde hace más de dos meses se desconoce con certeza el lugar donde ambos están detenidos.
En un video publicado en su cuenta de X, Silva indicó que ha recibido información de que Superlano y Carreño podrían estar en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, al norte de Caracas, pero agregó que «los funcionarios no proporcionan información certera» sobre su ubicación exacta.
«Seguimos exigiendo y pedimos una fe de vida de Freddy Superlano y Roland Carreño. ¿Dónde se encuentran? Que podamos verlos», expresó Silva.
En septiembre, el partido opositor venezolano Voluntad Popular confirmó que ambos activistas fueron trasladados desde la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, a un nuevo lugar de reclusión desconocido.
Consejo Nacional Electoral
Superlano fue detenido el 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador, resultado que no fue reconocido por la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ni por varios países, que apoyan a Edmundo González Urrutia como el verdadero vencedor y actualmente exiliado.
Por su parte, Carreño fue arrestado el 2 de agosto de 2024, en medio de la crisis postelectoral desencadenada por denuncias de fraude por parte de la PUD.
Anteriormente, Carreño había sido detenido el 26 de octubre de 2020, acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra; fue excarcelado el 18 de octubre de 2023 luego de un acuerdo firmado por el Gobierno y la PUD en Barbados.
La ONG Foro Penal contabiliza 875 presos políticos en Venezuela según su boletín del 27 de octubre.
Sin embargo, tanto el Gobierno como la Fiscalía niegan que haya personas detenidas por motivos políticos, sosteniendo que los detenidos están sujetos a procesos judiciales por delitos comunes, una versión rechazada por ONG y partidos opositores.
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