ONG venezolanas pidieron la liberación de la activista y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, detenida hace un año, para quien además exigen una medida humanitaria que permita a médicos de confianza atender una fractura que sufrió en el hombro derecho.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) afirmó que, durante estos doce meses, San Miguel ha estado sometida a un proceso que tacha de «viciado», «plagado de irregularidades» y «violaciones» a las formalidades legales.
A San Miguel, la Fiscalía la acusada de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un presunto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.
La activista la detuvieron el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
«Víctima de un sistema que criminaliza la defensa de los derechos humanos, buscando acallar su voz y la de quienes luchan por una Venezuela más justa y democrática», manifestó el OVP en X.
Asimismo, recordó que en diciembre de 2024, le diagnosticaron con «una fractura en el hombro derecho que requiere una cirugía especializada, la cual debe realizarse bajo la supervisión de sus médicos de confianza y el cuidado de su familia».
JEP vulneraciones y tratos cruel contra San Miguel
Para Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), la activista esta «sometida a vulneraciones y tratos crueles que hoy comprometen su salud gravemente».
«Alzamos la voz por ella y por todas las mujeres que hoy son víctimas de prisión política y de un patrón sistemático de criminalización contra quienes luchan por la justicia y la libertad», expresó JEP en su cuenta de X.
A su vez, reclamó una «medida humanitaria urgente» y el respeto «a recibir la atención médica necesaria y la garantía de un proceso judicial justo».
Por su parte, Provea indicó que San Miguel no puede operarla «quienes demoraron 4 meses en diagnosticarla», al tiempo que señaló que en reclusión «no hay condiciones para el postoperatorio ni una rehabilitación digna», por lo que solicitó a la Administración de Maduro que la activista la intervengan quirúrgicamente en libertad.
A su turno, Acceso a la Justicia advirtió de que, el pasado diciembre, la audiencia de juicio de la activista -que enfrenta cargos por los presuntos delitos de «traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación entre otros», recordó la ONG- fue pospuesta para febrero de este año.
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