El proyecto de ley de amnistía para presos políticos en Venezuela espera su segunda y última discusión en el Congreso, amid cuestionamientos de ONG, activistas y familiares que advierten exclusiones a militares, exiliados y múltiples períodos de detención.
Especialistas consultados por EFE recomiendan incorporar cinco áreas clave en la futura legislación.
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Períodos ampliados
La amnistía, impulsada por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, busca cubrir casos desde 1999, durante los 27 años de Gobiernos chavistas. Sin embargo, el artículo 6 la limita a diez períodos específicos —desde el golpe de Estado de abril de 2002 contra Hugo Chávez hasta las protestas postelectorales del 28 de julio de 2024 (años 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024)—.
«Tal como está, excluye presos de una represión sistemática», dijo Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, a EFE. Esto deja fuera incluso a defensores de derechos humanos liberados el 8 de enero. Familiares estiman que más de la mitad de los presos quedarían fuera, como el abogado de Provea Eduardo Torres (detenido en 2025), Rocío San Miguel (febrero 2024) y Javier Tarazona de Fundaredes (2021), con procesos vigentes pese a su excarcelación.
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Cargos revisados
El texto excluye a procesados o condenados por violaciones de derechos humanos, lesa humanidad, homicidio, narcotráfráfico, corrupción o delitos contra el patrimonio público. Alfredo Romero, director de Foro Penal, califica esto de «errado»: «Muchas detenciones son políticas, independientemente de los cargos».
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Exiliados protegidos
Aunque contempla extinguir acciones penales, civiles y administrativas, no aclara si exiliados con casos abiertos podrán regresar libremente. El diputado chavista Roy Daza dijo en VTV que deben volver, ponerse a derecho y someterse a investigación para aplicar la amnistía.
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Militares incluidos
Gonzalo Himiob, de Foro Penal, nota que el proyecto no excluye explícitamente a militares, pero los períodos omiten muchas operaciones que los implican. «La intención parece clara: dejarlos fuera», opinó. El Gobierno reporta 896 excarcelaciones desde diciembre (431 verificadas por Foro Penal desde enero), ninguna militar. Hasta febrero, había 687 presos políticos, 182 militares.
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Reparaciones integrales
Provea pide incluir devolución de bienes confiscados (casas, carros, negocios). Himiob critica la falta de reparación simbólica, material o garantías de no repetición, por no reconocer a los amnistiados como víctimas.
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