Santiago de Chile.- Antonia Vallejos observa la pantalla de su computador con una mezcla de angustia y asombro: acaba de percatarse de que tendrá que pagar más de veinte millones de pesos chilenos (cerca de 25.000 dólares) por haber estudiado una carrera universitaria en Chile.
La joven, de 23 años, está cursando tercero de Enfermería en una universidad privada y en cuanto se titule tendrá 20 años para devolver el Crédito con Aval del Estado (CAE) a su banco, con los intereses correspondientes, tal y como estipula un sistema fuertemente cuestionado por los universitarios chilenos.
Junto a derechos básicos como la salud o las pensiones, el clamor por una educación pública y de calidad se ha hecho oír en las protestas que han tomado las calles de Chile desde hace cuatro semanas, en el marco del estallido social más grande desde el retorno de la democracia, que ya deja al menos 22 muertes y miles de heridos y detenidos.
Uno de los ejes de la desigualdad social fruto del modelo económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) es el sistema de educación superior, cuya mercantilización ha comportado grandes ganancias para la banca, por una parte, y cientos de miles de jóvenes deudores, por otra.
EL PRECIO DE LA MOVILIDAD SOCIAL
El CAE se creó en 2005, bajo el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), con la promesa de ser un mecanismo de movilidad social que permitiría a los hogares con menos ingresos acceder a la educación superior, pero a su vez consolidó el endeudamiento como medio para acceder a ella.
El número de matriculados se ha doblado desde entonces: en 2018 hubo más de 1.260.000 universitarios frente a los 600.000 de 2005.
En paralelo, los jóvenes endeudados también han crecido, llegando a un máximo de 725.000 en septiembre de 2018, según datos de la Fundación Sol, una institución sin fines de lucro con un «enfoque crítico de desarrollo».
La principal denuncia de los estudiantes son los «abusivos» intereses del crédito, que en su inicio eran de un 6 % de promedio anual, y que acaban multiplicando la deuda final.
«Siempre supe que era una deuda grande, pero ¿qué otra opción tenía?», se preguntó Vallejos, cuyo padre también se endeudó para estudiar en los años de dictadura y, tras negarse a pagar el préstamo, a día de hoy no puede tener una tarjeta de crédito o comprarse una casa porque figura como moroso.
«AQUÍ SOLO GANAN LOS BANCOS»
Javier Bustos se tituló en Sociología hace siete años, por lo que pidió un préstamo de 7,5 millones de pesos (unos 9.300 dólares), que hoy ya ascienden a más de 15 millones de pesos (unos 18.700 dólares).
El joven exigió en declaraciones a Efe que se condonen todas las deudas educativas -también las que existían antes del CAE, como el Crédito Solidario o el Corfo- por razones «materiales y morales», ya que el Estado «vendió una falsa expectativa de aspiración social» con un sistema con el que «solo ganan los bancos».
Aunque el primer mandato de Sebastián Piñera (2010-2014) redujo los intereses del CAE al 2 % -si se abona durante los primeros cinco días del mes- y fijó un límite del 10 % del sueldo del deudor, se ha visto que para muchos no es fácil cumplir con estos requisitos.
Este fue el caso de Bustos, que dejó de abonar las cuotas y ahora el Estado no le devuelve parte de los impuestos porque los destina a cubrir el crédito, cuya cantidad no para de crecer.
UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA
La organización Deuda Educativa, que lleva seis años asesorando a endeudados y luchando por la condonación de todos los préstamos, ve una «oportunidad histórica» en el estallido social y en la posible redacción de una nueva Constitución.
El portavoz de la entidad, Juan Pablo Rojas, dijo a Efe que, aunque los políticos les han «traicionado durante 30 años», tienen que «dar pasos para reconstruir la confianza», como abolir las leyes que sustentan el sistema del CAE.
El Parlamento de Chile aprobó este viernes un acuerdo histórico que empieza con un primer plebiscito, convocado para abril de 2020, en el que los chilenos decidirán si quieren una nueva Carta Magna que reemplace el texto actual, aprobado en 1980 bajo la dictadura de Pinochet.
Por su parte, Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, opinó que «el Estado no puede eludir su responsabilidad por haber vendido un producto en mal estado».
«Los que promovieron que la educación se convirtiera en un negocio no vieron que, al destruir el sistema público, estaban socavando la cohesión nacional y social», afirmó el profesor a Efe.
En la misma línea, Benjamin Sáez, investigador de la Fundación Sol, señaló que se abre una etapa de debate sobre la «ilegitimidad de la deuda» y de «un sistema que fomenta la morosidad, en especial de las personas con menos recursos».
Los universitarios que se acaban de endeudar, como Antonia Vallejos, ven por delante un futuro complicado: «No concibo que para poder estudiar tenga que estar pagando una deuda hasta los 40 años, y eso es lo que me da fuerza para manifestarme cada día».
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