La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional advirtió este lunes sobre el crítico deterioro de las libertades cívicas en Latinoamérica y urgió a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se esfuerce para proteger la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la participación en los asuntos públicos, entre otros derechos fundamentales.
En un comunicado difundido este lunes, la organización subrayó que esta reducción del espacio cívico afecta y amenaza especialmente a los defensores derechos humanos, incluidos colectivos y organizaciones de base, a los periodistas y a las personas percibidas como opositoras políticas.
“Las y los jefes de Estado reunidos en esta Asamblea, deben adoptar de inmediato medidas concretas y urgentes para asegurar que la libertad de expresión, el derecho a la protesta, y la participación en los asuntos públicos, entre otros, se conviertan en derechos plenamente garantizados y no en meras promesas vacías”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En la carta, publicada en vísperas de la 54ª Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la OEA, que se celebra a partir de este martes en Asunción, AI también solicita a los Estados Miembros que elijan a personas de sólidas credenciales en materia de derechos humanos entre los candidatos a los tres puestos vacantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal en la materia.
Deben basarse en los principios de idoneidad, imparcialidad e independencia, tal como lo establece la Resolución de esta Asamblea General del año 2022, AG/RES 2991 (LII-O/22).
Fuente de riesgo
«Las Américas continúa siendo un lugar peligroso para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente identifican a autoridades como fuente del riesgo o que actúan en contubernio con terceros actores. Por otra parte, en diversos países del continente, los Estados hacen uso excesivo e innecesario de la fuerza, incluidos medios letales, para reprimir a quienes se manifiestan», explica AI.
«A la vez, las crisis políticas, humanitarias y económicas de varios países de la región hacen que la ciudadanía huya en busca de protección internacional fuera de sus países de origen», agrega.
Al hilo de estos argumentos, poner como ejemplo estados como El Salvador, Nicaragua y Venezuela cuyos «gobiernos implementan medidas legales e institucionales para reprimir a grupos de la sociedad civil y así silenciar las críticas, intensificando la amenaza existente sobre el derecho a la libertad de expresión».
“Los avances en derechos humanos impulsados por la Corte Interamericana son invaluables. Sus fallos han llevado a muchos Estados a desarrollar políticas públicas y legislación nacional que fortalecen, promueven y protegen los derechos humanos en la región”, dijo Belissa Guerrero Rivas, coordinadora de incidencia para las Américas de Amnistía Internacional.
Por último, AI enfatiza que el Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos, del cual es parte la Corte Interamericana, constituye un legado que debe salvaguardarse, pues es con frecuencia “la única esperanza de justicia para muchas víctimas de violaciones de derechos humanos”.
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