Aída González, concejal del municipio Caroní, exigió este lunes 6 de marzo al alcalde Tito Oviedo no continuar «asfixiando» a los guayaneses con las tarifas de aseo urbano, recalcando que fue él quien impuso los montos y no la empresa privada contratada. 

González precisó que desde la gestión de Tito Oviedo se violó la Ley al no permitir que los concejales discutieran sobre la fijación de estas tasas, como lo establecen sus atribuciones y recordó que fue a través del decreto 008/2022 que se impusieron los precios anclados al Petro, sin haber realizado un estudio social en cada parroquia.

La concejal reconoce el estado de deterioro en que se encontraba el municipio antes de llegar la empresa privada recolectora de desechos, al punto que desde la vocería opositora de la Cámara Municipal, se pidió que decretaran una Emergencia Sanitaria en Caroní. 

«La ciudad estaba abarrotada de basura, vertederos en todas las parroquias y en las avenidas. Nosotros le exigimos que se decretara una Emergencia Sanitaria. Aquí ni siquiera los hospitales y clínicas tenían donde botar sus desechos», explica la concejala, sin embargo, Oviedo se negó.

Responsable

González sentenció a Oviedo como el único responsable de esta situacion, al tiempo que calificó como injusto que los ciudadanos y comerciantes paguen «las consecuencias de su fracaso». 

«En Caroní todos los sectores deben ser considerados vulnerables, el pueblo sobrevive a sueldos de hambre, A Guayana la quebraron, no es culpa de los ciudadanos no poder pagar los servicios», condenó la edila del municipio Caroní.

Aseguró que hay zonas como Los Bucares, en Unare, que pagan altas tarifas de aseo urbano, a pesar de que son viviendas de interés social y que en su mayoría son habitadas por personas de la tercera edad con bajos ingresos.

«El alcalde debe revisar las tarifas, estamos de acuerdo en que una empresa privada preste un servicio que la alcaldía no pudo garantizar, pero se deben ajustar los precios a la realidad de las comunidades», insistió.

Falta de transparencia

La concejala también se refirió a la falta de transparencia que maneja la Alcaldía de Caroní para sus contrataciones y presupuestos.

Para la concejala, la situación que vive hoy el municipio Caroní es resultado de no atender a tiempo una emergencia sanitaria que existía y que el alcalde no quiso reconocer a tiempo.

«La ciudad estaba repleta de basura, había una proliferación de enfermedades. Esto empezó a agudizar los problemas del municipio y es cuando en junio el alcalde toma la decisión de pedir a la Cámara Municipal un proceso de licitación que fue aprobado y donde solo participó la empresa Fospuca».

Añade que lo que el municipio necesitaba era un proceso de licitación y contratación amplio y público, en donde participaran todos los factores que hacen vida en el municipio, la ciudadanía y los comercios, sin embargo, nunca se hizo.

También destaca que la empresa que licitara debía presentar el proyecto del servicio que iba a ofrecer ante el Concejo Municipal: «eso nunca se dio, incluyendo las tasas y tarifas que tenían que haber sido mostrada a los concejales».

Recuerda, además, que desde hace más de cinco años no se establece un Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) que permita conocer la realidad que vive en cada parroquia y que se puedan destinar de forma justa los fondos del municipio para resolver los principales problemas que vive la población en cada zona. 

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