La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) rechazó este miércoles la propuesta del mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, de celebrar una cumbre regional de presidentes para abordar la crisis de Venezuela, tras las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales, cuyo resultado oficial ratificó a Nicolás Maduro como jefe de Estado.
«Ningún país tiene derecho a ‘ensayar acciones’ que no estén dentro del marco del respeto a la libre determinación de los pueblos», expresó la ALBA -liderada por el chavista y excanciller venezolano Jorge Arreaza- a través de un comunicado, en el que calificó de «injerencista» la convocatoria de Panamá que, además, tiene «intenciones de desestabilización y fines golpistas».
Mulino -quien propuso la cumbre el martes- se sumó el pasado 2 de agosto al reconocimiento del candidato opositor Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente electo de Venezuela, después de que el resultado oficial diera como vencedor a Maduro, en unas elecciones que Panamá -así como otros países- consideran «fraudulentas».
La ALBA -conformada por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica y Santa Lucía- invitó a los países, en especial los de la región latinoamericana y caribeña, «a respetar las decisiones y mecanismos propios de cada Estado y sus legítimas instituciones».
Apoyo a Maduro
Además, hizo un llamado a la comunidad internacional a «rechazar este tipo de acciones injerencistas», a la vez que reafirmó su apoyo a Maduro, quien -consideran- fue electo en las elecciones presidenciales de acuerdo a «la voluntad del pueblo venezolano».
Por su parte, la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) asegura que González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos, luego de divulgar «el 83,5 %» de las actas electorales que -insisten- demuestran este triunfo por amplio margen frente a Maduro.
A diez días de haberse celebrado los comicios, el ente electoral de Venezuela no ha publicado las actas que certifican la victoria de Maduro, como indica la normativa legal, y dejó en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el proceso de «certificación» del resultado oficial, a solicitud del mandatario.
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