Bogotá.- La llamada «línea dura» del ELN, reacia a una salida negociada al conflicto, se fortaleció tras la suspensión de las conversaciones con el Gobierno colombiano, aumentando el control de economías ilegales y consolidando la influencia de esa guerrilla en Venezuela, alertó este jueves la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Ese fortalecimiento puede implicar un «debilitamiento de la línea política, que podría quedar supeditada a las dinámicas de las economías ilegales», afirmó la FIP en el informe «Qué hacer con el ELN? Opciones para no cerrar la puerta a una salida negociada», en el que analiza los escenarios tras considerar que la derrota militar «no es una opción» y el diálogo es «improbable».
EXPANSIÓN Y DISPUTAS
El informe calcula que solo en 2017 a esa guerrilla «se habrían vinculado cerca de 1.000 miembros y, según la más reciente estimación de la Fuerza Pública, para 2018 contaba con más de 4.000 integrantes», lo que convierte al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el mayor grupo armado ilegal de Colombia.
Para la fundación, el «fortalecimiento del ELN es evidente», así como su expansión en regiones donde antes no tenía presencia, aunque su «dimensión política y social no se refleja en las cifras».
El ELN se ha expandido a regiones que durante décadas fueron dominadas por la hoy desmovilizada guerrilla de las FARC, como el noreste del departamento de Antioquia (noroeste), el Bajo Atrato en el Pacífico, y algunas zonas de Nariño (suroeste).
TRAS ESPACIOS DE LAS FARC
La FIP ve una coincidencia entre ese crecimiento del ELN y el proceso de desarme de las FARC por la negociación de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).
La llegada de «esta guerrilla a zonas que eran de influencia ‘fariana’, le ha significado enfrentarse a disputas territoriales con otros grupos ilegales -como el Clan del Golfo-, que también llegaron a ocupar el espacio dejado por las FARC», advierte el informe.
Por eso, según la FIP, una ofensiva militar contra el ELN, sumada a los enfrentamientos con otros grupos armados ilegales, plantea un escenario de grave riesgo para la población civil, que sufre el desplazamiento y el reclutamiento forzado.
Sobre la presencia del ELN en Venezuela, el documento señala que la prolongación de la crisis en ese país ha favorecido al grupo guerrillero, posicionándolo como «un factor de desestabilización» y facilitando el reclutamiento de emigrantes de esa nación.
El análisis de la ONG muestra que el ELN ha «pasado de tener una alta dependencia de recursos financieros provenientes del secuestro y la extorsión a la diversificación de fuentes, ampliando su influencia en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando».
Con respecto al tráfico de drogas, la FIP asegura que el ELN tiene actualmente fuerte influencia en siete de los diez municipios con mayor número de hectáreas cultivadas de coca en Colombia.
IMPACTO DE RUPTURA
Según la FIP, el mayor control de economías ilegales incentiva la resistencia armada del ELN, «poniéndola en el centro de sus acciones» y cerrando aún más las posibilidades de diálogo.
Las conversaciones de esa guerrilla con el anterior Gobierno quedaron suspendidas con la llegada a la Presidencia de Iván Duque, en agosto de 2018, y están en punto muerto desde el 17 de enero de 2019 a raíz del ataque terrorista del ELN contra la escuela de cadetes de la Policía en Bogotá, que dejó 22 muertos.
Ante el fortalecimiento de la «línea dura» del ELN, la FIP cree que ahora será necesario buscar, «a través de una ruta confidencial y discreta», recomponer las relaciones con países garantes como Cuba y Noruega, para encontrar fórmulas que permitan la comunicación.
«Es urgente que el ala moderada del ELN, ahora en Cuba, gane espacio y argumentos dentro de esta organización, lo cual pasa por formalizar su estadía en la isla y explorar mecanismos para que continúen las gestiones encaminadas a reanudar el diálogo. Su aislamiento beneficia al ala radical», afirma el organismo.
Ante este panorama, la ONG instó a las partes a «generar medidas de confianza y desescalamiento de la confrontación armada», como la liberación de secuestrados, exigida por el Gobierno, o un alto el fuego.
«El ELN debe considerar con seriedad los condicionamientos fijados por el Gobierno para abrir el espacio a una nueva fase exploratoria», puntualizó la FIP al referirse a las exigencias de presidente Duque de que ese grupo renuncie a toda actividad criminal, incluido el secuestro, y libere a las personas que tiene en su poder.
EFE
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