Ciudad Guayana.- Desde 2017 al Gobierno de Venezuela se le está acusando de cometer crímenes de lesa humanidad. Para ese entonces la ex fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, denunció desde el exilio ante la Corte Penal Internacional (CPI) a Nicolás Maduro por dichos cargos.
Para 2019 el Consejo de Derechos Humanos para las Naciones Unidas estableció una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, para evaluar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014.
Tras examinar más de 2.000 casos, esta misión determinó que en Venezuela se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma, tales como asesinatos, encarcelamientos a disidentes, torturas, violaciones a los derechos humanos, violencia sexual, desaparición forzada y actos inhumanos de carácter similar.
No fue sino hasta 2021 que la fiscalía de la Corte Penal Internacional informó a través de una comunicación oficial al Gobierno presidido por Nicolás Maduro, que se había pasado de un examen preliminar a la fase de investigación.
A partir de la comunicación oficial, que fue en diciembre del anterior año, el Gobierno tenía un mes, de acuerdo con el artículo 18 del estatuto de Roma, para informar sobre la sanción a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Ese plazo fue prorrogado en enero de 2022 a tres meses, los cuales vencían el 16 de abril.
Sin embargo, contrario a una respuesta con información sobre los crímenes, el Gobierno solicitó a la fiscalía de la CPI abstenerse formalmente de la investigación a favor de las actuaciones realizadas por autoridades nacionales correspondientes de Venezuela.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, manifestó a través de un escrito que «dado que Venezuela no ha proporcionado materiales adicionales en apoyo de su Solicitud de aplazamiento y se refiere principalmente a materiales e información previamente presentados a la Fiscalía, la Fiscalía señala que ha revisado y evaluado esta información durante el curso de su examen preliminar para llegar a su evaluación de la complementariedad».
Alí Daniels, abogado y director la ONG Acceso a la Justicia, explicó que lo más lógico es que se le apruebe a la fiscalía de la CPI la continuidad de las investigaciones, debido a que el Gobierno no mostró pruebas que cambiaran el rumbo de la investigación. «Lo más lógico es que la sala autorice al fiscal continuar con la investigación, porque el Gobierno no mostró pruebas de estar juzgando a los criminales de lesa humanidad», aseveró.
«De 124 casos presentados, el Gobierno solo presentó 3 condenas a la fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es evidente que no están castigando a los responsables», lamentó Alí Daniels.
Golpe político
Alí Daniels se refirió al impacto político que la decisión de la fiscalía le produjo al Gobierno de Maduro, calificándola como negativa para su imagen.
«La imagen queda muy deteriorada porque se la han pasado diciendo, sobre todo el fiscal Saab, que aquí hay justicia y que se castigan a los responsables porque tienen una o dos sentencias condenatorias», esgrimió el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia.
Daniels denunció que los pocos casos que tienen sentencias condenatorias no representan una política pública de sanción. «En Venezuela cada 18 horas hay un femicidio. Capturar uno o dos responsables de femicidios no quiere decir que exista una persecución contra los femicidas», sentenció.
Asimismo, el opositor reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y más de 50 países, Juan Guaidó, celebró a través de su cuenta de Twitter la decisión del fiscal Karim Khan. «La dictadura fracasó en su intento de simular justicia. Confiamos en que no habrá impunidad porque solo así se logrará el resarcimiento a las víctimas y se garantizará la no repetición de los hechos. Que esto aliente aún más nuestra lucha por la justicia, libertad y democracia», escribió el opositor.
–¿Es posible que el Gobierno decida, en un acto autoritario, entorpecer las investigaciones y declarar una línea de no diálogo con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional?
-En el supuesto en que el Gobierno decida pelearse con el fiscal y desentenderse del tema, que de poder obvio se puede, se estaría dando un golpe muy fuerte.
-El fiscal ha manejado un diálogo y una constante comunicación con el Gobierno. En este momento no veo razones para que lo hagan. En un futuro no lo sé; sin embargo, el estatuto señala que sí se puede denunciar el estatuto, pero que la denuncia solo tendrá efecto cinco años después de hecha. Por lo cual todos los cargos, incluso los hechos después de la denuncia, se pueden seguir investigando y eso no le quita autoridad a la fiscalía.
-Por ello es que el margen de maniobra que tiene el gobierno en ese sentido es muy limitado.
-¿Podría el Gobierno comenzar a aprobar sentencias condenatorias como estrategia para disuadir ante el mundo que en Venezuela la justicia funciona?
– Sí. De hecho, ha ocurrido. Efectivamente hay algunos casos que estaban archivados, y que ahora están reactivándose; sin embargo, aunque se reactiven masivamente los casos, cosa que aún no ha sucedido, estas condenas van a recaer sobre funcionarios sub alternos y actores materiales, no sobre los máximos responsables; es decir, sobre los que dan las órdenes. Eso no cubre los estándares del derecho internacional. La justicia internacional está para condenar a los máximos responsables, no para los sub alternos.
-¿A través de este tipo de decisiones es posible pensar que el Gobierno de Maduro está «acorralado»?
-La palabra «acorralado» no la usaría, pero sí diría que el Gobierno ha fallado en sus políticas para tratar de mostrar la impunidad como justicia. Ha sido un proceso fallo en medida en la que la Fiscalía de la CPI no ha hecho caso a los argumentos que el Gobierno explica para tratar de demostrar que aquí hay justicia.
-Eso demuestra que la comunidad internacional se está comportando de manera imparcial. Eso es muy importante para las víctimas. Estas no quieren una justicia internacional que esté a su favor, solo quieren que se comporten de manera imparcial, porque eso es suficiente para obtener justicia.
Brayan Silva
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
