La Fiscalía de Bolivia allanó este lunes la vivienda del expresidente Luis Arce, en un edificio de la céntrica zona de Miraflores, en el marco de un proceso por legitimación de ganancias ilícitas abierto en Santa Cruz contra el exmandatario y su familia, quien ya está detenido preventivamente por otro caso relacionado con presuntos malos manejos en fondos indígenas.
La diligencia fue dirigida por el fiscal Néstor Tórrez, de la jurisdicción de Santa Cruz, como parte de una investigación que en sus declaraciones incluye a «toda la familia» de Arce. Según el funcionario, se recogieron en la vivienda «documentación en gran cantidad respecto a bienes y movimientos financieros, dispositivos y computadoras portátiles, y más de 100.000 bolivianos (unos 14.413 dólares)», material que será procesado y tras el cual se citará a «todos los testigos» del caso.
Arce cumple prisión preventiva desde el 12 de diciembre pasado por presuntas irregularidades en la gestión de un fondo destinado a proyectos indígenas, cuando fue ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019). La causa de Santa Cruz por legitimación de ganancias ilícitas es distinta y vincula, además del exjefe de Estado, a sus hijos Luis Marcelo, Rafael Ernesto y Camila Arce Mosqueira.
Prisión preventiva
De ellos, Luis Marcelo Arce fue detenido el 18 de marzo y enviado cuatro días después con prisión preventiva al penal de Palmasola, en Santa Cruz. Tórrez afirmó que Marcelo, «conjuntamente con su núcleo familiar», utilizó recursos económicos para adquirir bienes en La Paz y Santa Cruz y realizar transacciones en el sistema financiero que generaron alertas. El Gobierno de Rodrigo Paz lo acusó de haberse hecho pasar como funcionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa estatal que lidera Yussef Akly. Este señaló que el entorno familiar de Arce habría causado un supuesto desfalco de 1.000 millones de bolivianos (alrededor de 144 millones de dólares), en el que Marcelo habría participado como parte de una «estructura criminal».
Por su parte, Rafael y Camila Arce, cuyo paradero es desconocido, son investigados desde 2024 por la obtención de un préstamo por 9,1 millones de dólares, a través de seis operaciones con una misma entidad bancaria en octubre de 2021, cuando tenían 25 y 20 años, respectivamente. La investigación sostiene que ese dinero se usó para adquirir en Santa Cruz una propiedad de 2.187 hectáreas destinada a un proyecto agropecuario, así como para comprar posteriormente un departamento y vehículos de lujo en La Paz.
Tanto Luis Arce como su hijo Marcelo han negado las acusaciones, asegurando que los señalamientos en su contra son «políticos», y que se encuentran sujetos a procesos judiciales paralelos que se desarrollan en distintas jurisdicciones del país.
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