Amnistía Internacional (AI) cuestionó este martes la «arremetida» del Gobierno de Venezuela en contra de las primarias opositoras celebradas el pasado 22 de octubre y aseguró que estas acciones representan «una muestra más de la política de represión del Gobierno venezolano».
«Las recientes medidas anunciadas contra la Comisión Nacional de Primaria (CNP), sus representantes y los resultados del proceso son una muestra más de la política de represión del Gobierno venezolano que busca obstaculizar las libertades de quienes quieren ejercer su derecho la participación en asuntos públicos», afirmó la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, en un comunicado.
Para la organización internacional, las acciones ejercidas contra los comicios opositores y sus organizadores por parte del Ministerio Público (MP, Fiscalía), quien abrió una investigación penal al proceso, «elevan las alarmas de posibles detenciones arbitrarias tan ampliamente denunciadas».
Derechos humanos
«Esta política de represión no es una novedad y la comunidad internacional no debe bajar los brazos en la defensa de los derechos humanos en Venezuela», dijo Piquer.
AI señaló que instancias internacionales como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU han concluido que «existen razones para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad», por lo que es necesario un escrutinio que impida «una nueva escalada de crímenes» y violaciones de DD.HH.
Además, la organización recordó que el pasado mes de septiembre presentó un informe ante el Comité de DD.HH. de ONU en el que alertó sobre el uso de inhabilitaciones como mecanismos para «evitar que quienes son percibidos por las autoridades como opositores políticos se presenten a cargos de elección popular».
La exdiputada María Corina Machado resultó vencedora en las primarias de la oposición con el 92,35 % de los votos, un proceso electoral cuyos «efectos» fueron suspendidos por el Supremo en una sentencia emitida este lunes.
Sobre Machado pesa una inhabilitación impuesta por la Contraloría en 2015, por un año que, recientemente, fue extendida hasta 2030, por lo que la exdiputada no podrá ocupar cargos de elección popular ni competir en las presidenciales de 2024 a menos que la sanción le sea levantada.
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