La directora de Amnistía Internacional (AI) Perú, Jennie Dador Tozzini, alertó que el país vive un «proceso de regresión» en derechos humanos, evidenciado en la Ley de Amnistía promulgada en agosto de 2025. Esta norma busca cesar penas y procesos contra presuntos responsables de crímenes durante el conflicto armado interno (1980-2000), que dejó unos 21.000 desaparecidos.
«Tras recuperar la democracia, en pocos años inició esta regresión en derechos humanos», afirmó Dador Tozzini en entrevista con EFE en Asunción, Paraguay. Aprobada bajo el gobierno de Dina Boluarte (2022-2025), la ley beneficia a cientos de miembros de fuerzas de seguridad, armadas y comités de autodefensa sentenciados o procesados por esos crímenes.
Aunque jueces peruanos la rechazan por «control de convencionalidad» —al violar la Constitución y convenios internacionales—, defensores de derechos humanos exigen su derogatoria. Estiman que unos 150 efectivos están detenidos por abusos y 600 enfrentan procesos abiertos, con riesgo de evadir la Justicia.
«No se trata de una cacería contra las fuerzas armadas o policíales que lucharon, sino de justicia contra malos efectivos que fallaron en su deber», aclaró la abogada. «Estas personas buscan quedar libres o inalcanzables».
Como ejemplo, citó la reciente liberación del exministro y excandidato presidencial Daniel Urresti, condenado a 12 años como autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos el 24 de noviembre de 1988, en Ayacucho —epicentro del conflicto contra Sendero Luminoso y el MRTA—. Urresti, entonces jefe de inteligencia militar, emboscó a Bustíos mientras investigaba un crimen senderista; El cuerpo fue destruido con una granada.
Absuelto en primera instancia (2018), el caso se reabrió en 2019 y derivó en condena en 2023. Urresti intentó acogerse a la Ley de Amnistía sin éxito, pero salió libre tras anulación de la sentencia por el Tribunal Constitucional.
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