La Asamblea Nacional (AN) aprobó, de manera unánime, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales que prevé la disolución judicial de estas agrupaciones que violen las disposiciones establecidas en la normativa.
Durante la sesión, el Legislativo acordó incluir en el texto, a petición del diputado Diosdado Cabello, que se prohíba a las ONG recibir aportes para el financiamiento al «terrorismo» porque, aseguró, hay organizaciones que reciben fondos y luego patrocinan «guarimbas» (protestas violentas).
«Estas ONG reciben fondos y las vemos financiando guarimbas, financiando hechos de terrorismo en el territorio nacional y esto serviría para ponerle freno y coto a esa posibilidad», explicó el legislador.
Aportes económicos para organizaciones políticas
Las ONG, de acuerdo a la nueva ley, tienen prohibido recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones, así como promover el «fascismo, la intolerancia o el odio».
Asimismo, establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento de estas prohibiciones, declarado por decisión judicial, así como la falta de pago de cualquier multa impuesta «de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles».
El texto indica que los tribunales de primera instancia en materia civil serán los competentes para acordar la «disolución de una organización social sin fines de lucro», a la que «deberá garantizarse el derecho a la defensa y el debido proceso».
Notificación de donaciones o financiamiento
Las ONG deberán, por ley, notificar «el financiamiento o donaciones» que reciban, a fin de «asegurar la licitud de los fondos», además de declarar las «donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes».
Por otra parte, según el texto, corresponde al Ejecutivo el «seguimiento y control del cumplimiento» de los «deberes y prohibiciones» establecidos en la nueva legislación, para lo que, entre otras medidas, implementará y evaluará mecanismos que sirvan para estos fines.
La AN retomó la discusión de esta ley tres meses después de su último debate al respecto, el pasado mayo, pese a las advertencias de numerosas ONG, que alertan de una «supresión del espacio cívico y del derecho de asociación».
El martes, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió al Gobierno de Venezuela que rechace este texto legislativo, así como el de un proyecto de ley para regular las redes sociales, por el impacto negativo que tendrían en los derechos humanos y en la democracia en general.
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