El panorama legislativo en Venezuela ha dado un giro inesperado tras las recientes declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. En un ejercicio de inusual franqueza, el parlamentario admitió la existencia de casos de «mala utilización» de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, abriendo así la puerta a una posible reforma técnica del instrumento.
De acuerdo con lo reseñado por Venevisión, este reconocimiento ha encendido las alarmas y, a la vez, las expectativas de una sociedad civil que ha visto en esta norma —aprobada en 2017— un mecanismo más orientado a la restricción que a la protección ciudadana.
Para el venezolano de a pie, la línea que separa una opinión personal de un presunto delito parece haberse vuelto peligrosamente invisible. En un sondeo realizado por el equipo de Venevisión, las preocupaciones son tangibles.
Ciudadanas como Ada Carolina Ugueto y Adriana González, consultadas por el medio caraqueño, coinciden en que la libertad para emitir juicios de valor se siente «cercenada», advirtiendo que el miedo a las represalias debilita los cimientos de la democracia.
Por su parte, el joven Hendrys González señaló un riesgo alarmante, expresando que gustos personales o expresiones culturales se cataloguen arbitrariamente como «satanismo» u odio por autoridades sin criterio técnico.
Jairo Hernández cuestionó la imparcialidad del instrumento, sugiriendo que la ley suele aplicarse con rigor al ciudadano común, mientras que aquellos con «poder magistral» parecen inmunes a la observación pese a sus discursos.
Jurista: Falla en el diseño, no en la ejecución
El abogado penalista y defensor de derechos humanos, Joel García, fue contundente al analizar la génesis del problema. Para el experto, la falla no es solo de ejecución, sino de diseño.
«La ley tiene términos profundamente ambiguos. El odio es un sentimiento, ¿y cómo se mide un sentimiento?», cuestionó García.
El jurista enfatizó que la normativa carece de la precisión necesaria para proteger a grupos vulnerables sin pisotear la comunicación social o la disidencia política.
A su juicio, para alcanzar una verdadera seguridad jurídica, la ley debería ser derogada y sustituida por un instrumento que no deje margen a la interpretación subjetiva de los funcionarios de turno, reseñó Venevisión.
Aunque la promesa de una revisión técnica genera un atisbo de esperanza, muchas preguntas surgen ante esto.
Por ahora, los venezolanos observan con cautela un proceso que definirá si el derecho a la palabra vuelve a ser un ejercicio libre o si seguirá bajo la sombra de la discrecionalidad.
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