Un grupo de diputados de la Asamblea Nacional (AN), junto con una decena de ciudadanos, evaluará candidaturas para la selección de 20 de 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), informó el legislador Giuseppe Alessandrello.
El diputado, presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, explicó que elegirán a los candidatos para sustituir a ocho magistrados que se jubilaron y a los aspirantes a 12 nuevas vacantes creadas con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia aprobada la semana pasada por la AN, que aumentó de 20 a 32 el número de miembros de la máxima corte.
Además, indicó que se debe escoger al inspector de tribunales y al director de la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM), según un video publicado por el canal estatal ANTV.
Posteriormente, la lista se presentará ante la Asamblea Nacional para su consideración y con el fin de designar a los nuevos magistrados.
Instalación del comité
El comité se instaló este miércoles, un día después de que la Asamblea aprobara la incorporación de diez ciudadanos al grupo de 11 diputados, y avanzó en «la elaboración del reglamento de funcionamiento del comité», dijo Alessandrello.
«También tenemos ya el cronograma de trabajo para los próximos días», expresó el funcionario, quien indicó que el proceso de presentación de candidaturas será anunciado en medios de comunicación el viernes y tendrá una duración de 15 días.
El diputado estima que el proceso completo se tome 45 días, aproximadamente, aunque afirmó que «puede ser menos», lo que dependerá, agregó, del desarrollo de la fase de impugnaciones.
La AN aprobó la reforma de la ley del TSJ el pasado 12 de mayo y acordó que la Sala Constitucional del tribunal esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas estarán integradas por cinco.
Hasta ahora, la Sala Constitucional estaba conformada por cinco magistrados y las restantes —Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal, Social— por tres.
En abril pasado, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo —anticipó— de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.
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