El dirigente del partido La Causa R, Andrés Velásquez, manifestó su desacuerdo con postergar la convocatoria a elecciones presidenciales bajo el argumento de esperar una previa recuperación económica o estabilización política en el país.
En su lugar, planteó coordinar con diversos sectores una jornada de manifestación nacional de ocho horas como medida de presión para exigir fijar una fecha electoral.
Durante sus declaraciones, Velásquez señaló la urgencia de atender la situación del país y explicó que la iniciativa busca canalizar de forma conjunta distintas demandas sociales y políticas.
Entre los motivos citados para la jornada se encuentran el reclamo por las fallas en los servicios públicos —como los cortes eléctricos—, la atención a los derechos humanos, la liberación de los presos políticos y la publicación del cronograma electoral presidencial.
Propuesta de comicios para julio de 2027
En relación con el calendario electoral, Velásquez se pronunció sobre la sugerencia formulada por los congresistas estadounidenses Rick Scott, Bernie Moreno y Mario Díaz-Balart, quienes plantearon realizar los comicios el 24 de julio de 2027.
El dirigente expresó su apoyo a esa fecha y advirtió frente a posturas que proponen postergar el proceso hasta 2028.
Asimismo, argumentó que supeditar las elecciones a una estabilización previa resta valor al papel del sistema democrático.
A su juicio, el retorno a la institucionalidad democrática constituye precisamente la vía para lograr un marco legal sólido, promover la recuperación económica y garantizar la convivencia política en la nación.
Retorno de María Corina Machado y posición sobre la Ley contra el Odio
Respecto a la dinámica política interna, el dirigente consideró que el regreso de María Corina Machado al país es un hecho próximo y representará un hito para su liderazgo.
Finalmente, al abordar el debate sobre la Ley contra el Odio, Velásquez cuestionó las propuestas de reforma técnica a dicho instrumento y reiteró que la posición institucional de La Causa R es solicitar su derogación total, argumentando que su aplicación actual afecta las garantías ciudadanas.
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