La crispación de los puertorriqueños por los frecuentes apagones, de los que responsabilizan a la empresa eléctrica LUMA Energy, ha marcado la campaña electoral de los comicios del próximo 5 de noviembre, obligando a los candidatos a la gobernación a posicionarse.
Los aspirantes a la gobernación -Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD); Jenniffer González, del Partido Nuevo Progresista (PNP); y Javier Jiménez, de Proyecto Dignidad (PD)- han prometido cancelar el contrato con LUMA, aunque ofreciendo distintas soluciones.
La red eléctrica de Puerto Rico es muy frágil desde hace décadas, pero muchos se quejan de que la llegada en 2021 de LUMA, a cargo de la transmisión y distribución de la energía, no ha mejorado el servicio y ha supuesto una subida de la factura de la luz.
Diversas propuestas de cambio
En este contexto, el aspirante por la alianza entre el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), afirmó en un debate televisivo de los candidatos a la gobernación que Puerto Rico no puede ser competente «económicamente si continúa LUMA».
Dalmau, de ganar las elecciones, propone «un modelo de gobernanza energética nueva que no esté en manos privadas».
«LUMA no llegó a Puerto Rico de la nada, llegó por la quiebra a la que nos llevaron el Partido Popular y el PNP», aseguró en una de sus intervenciones en el debate.
Por su parte, la candidata del PNP prometió durante una asamblea del partido en el Coliseo de Puerto Rico que, en el caso de obtener la victoria en las elecciones, va a sacar a LUMA Energy.
«Le digo que LUMA se va. Pero lo vamos a hacer nombrando un zar que recopile la información, que coordine con las agencias federales y estatales para buscar segundos operadores, para que cuando se vayan no nos quedemos sin luz, para que haya una transición y le cueste menos al pueblo», aseguró González.
Además, en el debate de los candidatos remarcó que ella trajo a «Puerto Rico la mayor cantidad de fondos federales en la historia» y pretende «ponerlos a correr empezando por el sistema eléctrico».
En cuanto a Ortiz, este abogó en un reciente foro de la Cámara de Comercio Española en Puerto Rico por cancelar el contrato y reemplazar a LUMA por un sistema «despolitizado y regionalizado».
«Si es una empresa privada, que sea una empresa privada. Si es un sector público, que sea un sector público», precisó.
Clamor por un sistema eléctrico «resiliente»
Estas promesas son, a juicio del director de Asuntos Externos de LUMA Energy, José Pérez, «distracciones políticas en un momento específico».
«Te reafirmo que no nos vamos y no porque el contrato, no, no, es que no nos vamos», recalcó en una reciente entrevista con EFE.
Pérez explicó que la compañía lleva a cabo «la transformación eléctrica posiblemente más grande del mundo» y que la red de la isla tardará «unos tres años en ser resiliente».
Esta reconstrucción llega después de la devastación de la red por el paso del huracán María en 2017 y de años de un manejo ineficiente de la anterior administración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que terminó en una quiebra de 10.000 millones de dólares.
El huracán María, de categoría 5, causó cerca de 3.000 muertos en Puerto Rico y dejó a la mayoría de los puertorriqueños durante meses sin acceso al servicio eléctrico.
Natalia Santiago, vicepresidenta de Únete, una de las organizaciones que han convocado manifestaciones en contra de LUMA, rememoró a EFE que muchos ciudadanos, sobre todo con problemas respiratorios, «fallecieron porque no se pudieron conectar sus equipos», como le ocurrió a su madre.
Al grito de «Privatizan la energía y nos roban cada día», «energía, la reclamamos porque es un derecho humano» o «Puerto Rico no se vende», los ciudadanos han reclamado en diversas protestas un cambio en el sistema eléctrico, presionando a los políticos de cara a las elecciones.
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