La Audiencia Nacional de España ha archivado la investigación contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt por un presunto blanqueo de 4.350 millones de dólares procedentes de la petrolera estatal PDVSA.
La decisión del juez Santiago Pedraz responde a que la propia justicia venezolana ya había sobreseído la investigación sobre el origen de dichos fondos.
La causa, que permanecía bajo secreto, se originó por una denuncia de la Fiscalía que buscaba determinar si varios ciudadanos venezolanos blanquearon dinero en España a través de inversiones inmobiliarias y societarias.
El capital procedía, supuestamente, de un fraude derivado de un contrato de préstamo suscrito en 2012 entre PDVSA y la empresa Administradora Atlantic.
Sin embargo, el magistrado confirmó, mediante una comisión rogatoria, que la justicia de Venezuela archivó en 2023 las actuaciones sobre la legalidad de dicho préstamo.
Al no acreditarse la ilicitud de los fondos, el juez Pedraz sostiene que desaparece el «delito antecedente» necesario para que exista el blanqueo de capitales. Según el auto: «El delito de blanqueo exige no solo una actividad delictiva previa, sino una conexión causal entre el bien y dicha actividad».
Finalmente, el juez también descartó el presunto delito contra la Hacienda Pública. Pedraz argumentó que la acusación de la Fiscalía era genérica y carecía de una base fáctica que concretase qué impuestos habrían eludido por el investigado.
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