Arévalo entrevistará a candidatos a Fiscal General con el foco en desarticular «redes criminales»

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, confirmó este lunes que sostendrá entrevistas privadas con los seis candidatos que aspiran a dirigir el Ministerio Público. El objetivo central de estos encuentros será evaluar estrategias específicas para rescatar la institución de lo que el mandatario define como «redes político criminales».

«No van a ser públicas las entrevistas», aseveró Arévalo durante una rueda de prensa, marcando una diferencia metodológica con su antecesor, Alejandro Giammattei. El gobernante justificó la reserva de los encuentros señalando que abordará temas sensibles sobre la «recuperación» de la Fiscalía, la cual considera actualmente cooptada.

El fin de la era Consuelo Porras

Por mandato constitucional, el Presidente de la República debe designar al Fiscal General. El cargo es ocupado desde 2018 por Consuelo Porras, cuya gestión ha sido objeto de severas críticas y sanciones por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, debido a señalamientos de corrupción y obstrucción a la justicia.

El mandato de Porras concluirá formalmente el próximo 16 de mayo de 2026, tras dos periodos consecutivos y un intento fallido de buscar una tercera reelección. La designación del sucesor es vista por analistas y la comunidad internacional como un paso trascendental para restablecer el Estado de derecho en el país.

Los aspirantes y el proceso de selección

El mandatario deberá elegir al nuevo jefe del Ministerio Público de una nómina oficializada la semana pasada por la Comisión de Postulación. Los abogados seleccionados son:

Julio César Rivera Clavería

Néctor Guilebaldo de León

Beyla Estrada Barrientos

Gabriel Estuardo García Luna

Carlos Alberto García Alvarado

César Augusto Ávila Aparicio

Arévalo de León indicó que se mantiene atento a posibles impugnaciones legales que pudieran presentarse contra el listado final antes de proceder con la elección definitiva a finales de esta semana.

Un mandato de cuatro años

Quien resulte electo por el presidente tomará posesión del cargo el 17 de mayo de 2026 y dirigirá la acción penal del país por un período de cuatro años, culminando su gestión en mayo de 2030.

Expertos en justicia constitucional subrayan que este nombramiento representa el desafío más grande del actual gobierno en su promesa de campaña de combatir la corrupción estructural en las instituciones públicas guatemaltecas.

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