Policía Federal arrestó en Brasilia a Anderson Torres, exministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro, cuya detención ordenada en el marco de la investigación por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, informaron fuentes oficiales.
El exministro lo detuvieron en el aeropuerto internacional de Brasilia al desembarcar procedente de Miami, según confirmaron sus abogados a la prensa.
Torres era el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia cuando miles de bolsonaristas radicales invadieron y destrozaron las sedes del Congreso, Corte Suprema y Presidencia.
El avión en el que se trasladó el exministro llegó hacia las 7:30 hora local al aeropuerto de Brasilia donde Torres, esperado por la Policía Federal.
La orden de arresto contra el exfuncionario, expedida el miércoles por Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema, por «presunta omisión», y confirmada en pleno por los miembros del máximo tribunal de justicia.
Nuevo cargo del exministro
Torres asumió como Secretario de Seguridad Pública de Brasilia el 2 de enero y cinco días después se fue de viaje, por lo cual no estaba en el país en el momento de los disturbios.
Al conocer la decisión del magistrado, el exministro anunció que regresaría al país para ponerse en manos de la Justicia y demostrar su inocencia, pues alega que había un plan de contingencia en caso de que se presentaran actos violentos en las marchas de los bolsonaristas.
«Creo en la justicia brasileña y en la fuerza de las instituciones. Estoy seguro de que la verdad prevalecerá», señaló en un mensaje publicado en las redes sociales.
La víspera el ministro de Justicia, Flávio Dino, afirmó que si Torres no regresaba a Brasil hasta el lunes el Gobierno solicitaría su extradición.
Además de la orden de arresto, el magistrado Moraes también dictó un registro en la residencia de Torres, donde la Policía encontró el borrador de un decreto presidencial para intervenir el Tribunal Superior Electoral y «corregir» el resultado de las presidenciales, que Bolsonaro perdió ante Lula por una diferencia de 1,8 puntos porcentuales.
El exministro de Bolsonaro alegó que «el citado documento está incautado» cuando él no se encontraba en casa «y filtrado, ayudando a alimentar narrativas falaces» contra él.
Por los ataques de los bolsonaristas detuvieron a más de 1.800 personas y abrieron una serie de investigaciones contra políticos y empresarios acusados de financiarlos.
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