La Alianza Sindical Independiente (ASI) de Venezuela calificó como una «aberración jurídica» la condena de 16 años de prisión impuesta a seis sindicalistas, detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022 tras encabezar varias protestas por salarios dignos y mejores condiciones laborales.
En un comunicado difundido a través de su cuenta en Twitter, la ASI aseguró que esta decisión judicial «es la confirmación de la criminalización y judicialización del ejercicio de la libertad sindical, pues, de acuerdo a la sentencia, en Venezuela, dirigente sindical es sinónimo de delincuencia organizada».
Para la presidenta de ASI, Lerida Marcela León, el fallo judicial contra los dirigentes sindicales Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, acusados de conspiración y asociación para delinquir, «amenaza el derecho a la huelga, el derecho a ejercer la actividad sindical y el derecho a reclamar».
«Estos ataques a los derechos civiles en el ejercicio de la libertad sindical son una degradación de los principios democráticos», dijo León, citada en el escrito.
La alianza solicitó la anulación de la sentencia e hizo un llamado a la Confederación Sindical Internacional (CSI), así como a la Organización internacional del Trabajo (OIT), para que presten atención a la alerta que este hecho genera en Venezuela.
Rechazo a la decisión
Este martes, varias ONG rechazaron el dictamen del juez del caso y calificaron el hecho de «persecución política».
Además, varios dirigentes de oposición también se manifestaron en contra de la condena, y expresaron su apoyo al movimiento sindical de Venezuela.
El pasado junio, Eduardo Torres, uno de los abogados de los sindicalistas, dijo que la acusación representa «una aberración porque ellos están asociados para defender derechos, y los ampara, no solo a Constitución y las leyes, sino el convenio 87 de libertad sindical de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)».
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