Washington.- Diversas organizaciones que luchan por los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), comparecieron este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar el clima de abusos «sistemáticos» que se vive actualmente en Venezuela.
«El diagnóstico es claro», subrayó la investigadora de HRW Tamara Taraciuk Broner, quién a continuación enumeró algunas de las principales violaciones de derechos humanos perpetradas, según su organización, por el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Taraciuk Broner hizo referencia a las ejecuciones extrajudiciales, las torturas o las injerencias en el sistema judicial, todas ellas violaciones llevadas a cabo por las autoridades venezolanas con claro objetivo: «Aferrarse al poder».
«Hemos documentado que las Fuerzas de Seguridad cometieron abusos sistemáticos. No se trata de acciones de un agente determinado, sino que forman parte de un patrón», denunció.
En un sentido similar se expresó la abogada venezolana Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla, quien habló de la «institucionalización de la tortura en Venezuela», ejecutada «de forma sistemática» por la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana o por agentes cubanos que se encuentran en el país petrolero.
«En Venezuela nada se ejecuta sin que Nicolás Maduro y su estructura criminal lo sepan», sostuvo Sujú.
De acuerdo con Valentina Ballesta, investigadora de Amnistía Internacional, no cabe duda de las «graves violaciones de los derechos humanos» cometidas a manos de las autoridades venezolanas.
«En la mayoría de los casos documentados, la finalidad de esta tortura es castigar a la víctima por su participación en movimientos o protestas sociales», explicó Ballesta, quien lamentó que, además, esta práctica tiene «un efecto amedrentador en el resto» de los ciudadanos.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, coincidió con las activistas al señalar que las autoridades venezolanas han creado un «clima de animadversión» contra quienes no comulgan con el Gobierno de Maduro e instó a los Estados miembros de la OEA a adoptar «las medidas necesarias» para poner fin a esta situación.
No obstante, fue Taraciuk quien planteó a todos los presentes la cuestión a la que, en estos momentos, se enfrenta la comunidad internacional al expresar en voz alta: «La gran pregunta ahora es qué hacer con esta información».
La representante de HRW abogó por continuar con las sanciones individuales -no aquellas que puedan afectar a la población- y por la creación de una comisión internacional de investigación en el marco de las Naciones Unidas, e insistió en que estas medidas deben adoptarse en paralelo al margen de cualquier negociación política.
EFE
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