Los magistrados de la Corte Suprema de Panamá iniciaron este martes una reunión extraordinaria en medio de una gran expectación porque aunque se desconocen los temas a tratar hay una demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, sustituto del expresidente Ricardo Martinelli y favorito en los sondeos para las elecciones generales del próximo domingo.
El pleno del Supremo panameño, de nueve magistrados, está reunido pero no hay confirmación de la agenda, dijeron a EFE fuentes judiciales.
La Corte Suprema admitió el pasado marzo una demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo del Tribunal Electoral (TE) que ese mismo mes designó a Mulino como sustituto de Martinelli, inhabilitado políticamente tras una condena a más de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales, lo que le llevó a solicitar asilo en la Embajada de Nicaragua en la capital panameña, y de quien era su llave a la vicepresidencia.
La demanda argumenta que Mulino corre sin vicepresidente, lo que viola artículos constitucionales, y que no fue elegido en primarias por el partido que lo abandera, Realizando Metas (RM), fundado por el expresidente Martinelli, entre otros.
La semana pasada, el magistrado ponente del caso explicó que el veredicto sobre esa demanda podría darse después de las elecciones del domingo debido a los tiempos judiciales, pero dejó abierta la posibilidad de una reunión extraordinaria.
Mulino, el aspirante que promete retornar los «buenos tiempos» de Martinelli
Mulino, un político de largo recorrido, lidera los sondeos como el candidato favorito de cara a los comicios del 5 de mayo, en los que se presenta por el partido Realizando Metas y Alianza, como sustituto in extremis de Martinelli.
El que fue ministro de Seguridad y de Gobierno durante la administración de Martinelli (2009-2014), asegura que retomará los «buenos tiempos» de la administración de su valedor político, cuando se consolidó como la nación con el mayor crecimiento económico de la región, además de construir el primer Metro de Centroamérica.
En julio de 2009 Martinelli lo nombró como ministro de Gobierno (Interior) y Justicia, y en abril de 2010 pasó a ser ministro de Seguridad Pública, teniendo una accidentada gestión por la represión en julio de 2010 de protestas de trabajadores bananeros en la región de Bocas del Toro (Caribe), con un saldo de dos muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.
Al inicio de la Administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) fue acusado de corrupción en relación a la empresa italiana Finmeccanica por recibir supuestamente comisiones por la compra de 19 radares, caso por el que fue encarcelado de manera preventiva durante siete meses hasta abril de 2016. Esta causa fue anulada en agosto de 2017.
Mulino ha dicho públicamente que de llegar al poder «ayudaría» a Martinelli «como corresponde de acuerdo a la ley», después de que el actual Gobierno le negara un salvoconducto para viajar a Nicaragua.
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