Santiago de Chile. Más de 14,4 millones chilenos están llamados a votar en el plebiscito del próximo 26 de abril, en el que se decidirá si se cambia o no la actual Constitución, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), informó este sábado la autoridad electoral.
«Hasta el momento podemos informar que el padrón electoral provisorio para el Plebiscito Nacional 2020 está constituido por 14.404.405 electores y electoras habilitados para sufragar, con 7.379.365 mujeres, 7.025.050 varones y 266.162 inhabilitados», apuntó el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría.
Las dos opciones entre las que se podrá elegir son una «convención mixta», formada a partes iguales por los actuales parlamentarios y ciudadanos electos; o una «convención constituyente», integrada solo por personas escogidas únicamente para ese fin.
Si el plebiscito es aprobado, la elección de los constituyentes se realizará en octubre, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución -que debe redactarse en un máximo de un año- se ratificará en otro plebiscito, este con voto obligatorio.
El presidente del ente electoral explicó que desde el 15 de noviembre se han hecho un total de 367.664 cambios de domicilio electoral, lo que supone de media 9.000 solicitudes diarias, cifra muy superior a las 400 diarias que se producían habitualmente.
«Hemos tenido unas estadísticas de cambio de domicilio electoral históricamente altas, récord. Eso nos hace pensar, nos hace presumir en alguna medida que vamos a tener una participación electoral en el plebiscito del 26 de abril muy importante, superior a la que hemos tenido en procesos anteriores», agregó Santamaría.
Según la última encuesta Cadem, el 86 % de los chilenos está a favor de una nueva Ley Fundamental y un 61 % apoya una convención constituyente y un 36 % una convención mixta.
El sondeo también refleja que la gran mayoría es partidaria de incluir cuotas de género, para indígenas e independientes en la redacción del nuevo texto, una cuestión que se está debatiendo actualmente en el Parlamento.
La redacción de una nueva Carta Magna es uno de los principales clamores del estallido social que vive Chile desde hace más de dos meses, el más grave desde el retorno a la democracia y que ya se ha cobrado la vida de al menos 24 personas y ha provocado miles de heridos.
Los manifestantes culpan a la actual Constitución, reformada más de 40 veces, de ser el origen de la grandes desigualdades del país, pues le concedió al Estado un rol «subsidiario» (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización.
El plebiscito se pudo convocar gracias a una ley y a un histórico acuerdo alcanzado en noviembre entre casi todas las fuerzas parlamentarias, ya que la actual Constitución no permite convocar consultas ciudadanas para ese fin.
Mientras que el oficialismo está dividido y los sectores más derechistas del Gobierno no quieren el cambio constitucional, la oposición se declina por una asamblea en la que todos los constituyentes sean ciudadanos electos.
EFE
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