Ginebra (EFE).- La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió hoy de que se observa una «preocupante tendencia a la negación de hechos» relacionados con violaciones de los derechos y libertades fundamentales en países de Centroamérica.
Esta situación se ha hecho patente a través de leyes dirigidas a «retroceder lo avanzado» en cuanto a la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, agregó.
En concreto, mencionó la Ley de Amnistía aprobada este mes por el Congreso de Nicaragua, por iniciativa del presidente, Daniel Ortega, e intentos de adoptar normas similares en Guatemala y El Salvador.
«Una vez más, pido a estos y a todos los países que no adopten disposiciones que impidan que las violaciones graves de los derechos humanos den lugar a procesamientos (penales) y sean debidamente sancionadas», sostuvo.
Bachalet llamó la atención sobre esta situación en su discurso inaugural del Consejo de Derechos Humanos, que ha empezado en Ginebra un nuevo periodo de sesiones, durante el cual abordará situaciones críticas, como las de Venezuela, Sudán, Birmania y la República Democrática del Congo.
En el pasaje de su discurso dedicado a Latinoamérica y como punto positivo, comentó que se siente alentada por el reconocimiento que se ha hecho por la presidencia de México de la necesidad de actuar frente a las denuncias de torturas, asesinatos selectivos y otras violaciones graves de los derechos humanos.
Mencionó que entre las situaciones más urgentes está el gran número de desapariciones forzadas sin resolver.
La oficina de Bachelet colaborará con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa para contribuir a que se haga justicia por la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en 2014.
También en México, brindará asistencia técnica para ayudar a la identificación de 26.000 cadáveres que han sido descubiertos hasta la fecha.
Frente a todas esas tareas pendientes en México, Bachelet alentó a que se tomen medidas para reforzar la independencia y la financiación de la Fiscalía General.
«Nosotros trabajaremos con las autoridades para garantizar la naturaleza civil de la Guardia Nacional de México y buscar soluciones al alarmante número de ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos», finalizó.
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