Bolivia reactivó este jueves una campaña para destruir y «racionalizar» cultivos ilegales de hoja de coca, tras un aumento del 10% en plantaciones en 2024 —a unas 34.000 hectáreas—, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El operativo arrancó simbólicamente en Chimoré (Trópico de Cochabamba), bastión sindical y político del expresidente Evo Morales (2006-2019).
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, propuso diálogo para el desarrollo económico del Trópico, convirtiéndolo en «polo turístico y deportivo». «No permitiremos que el narcotráfico campee en nuestro territorio», advirtió.
La hoja de coca es legal en Bolivia por usos tradicionales, medicinales y culturales (Constitución de 2009), con superficie ampliada a 22.000 ha en 2017 bajo Morales. Estimaciones oficiales sitúan 2025 en ~40.000 ha, por lo que aplicarán «control efectivo».
Participaron el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, y la representante de UNODC, Mónica Mendoza, quien monitorea cultivos.
Justiniano, del gobierno de Rodrigo Paz (asumido en noviembre 2025), pidió «concertación» a productores legales y que cocaleros sean «aliados contra el narcotráfico».
La llegada de autoridades alerta a afines a Morales, en vigilia desde 2024 por temor a su detención. Acusado de trata agravada (relación con menor en 2016, hijo alegado), enfrenta acusación formal de octubre 2025 y orden de captura pendiente.
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