Las recientes protestas masivas y los bloqueos de carreteras registrados en Bolivia para exigir la dimisión del presidente Rodrigo Paz constituyen un desafío directo para todas las democracias del continente americano. Así lo manifestó este miércoles el canciller boliviano, Fernando Aramayo, en el marco de su discurso durante la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, donde enfatizó que los retos políticos actuales no son estrictamente locales, sino problemas compartidos por la región.
El jefe de la diplomacia boliviana argumentó que el severo conflicto interno obliga a los países del hemisferio a reflexionar sobre los mecanismos necesarios para garantizar de forma simultánea el derecho a la protesta social y la expresión de las diferencias con el funcionamiento continuo del Estado y el bienestar colectivo. Aramayo remarcó que ningún sistema democrático puede subsistir de manera aislada y que el apoyo internacional es un recurso indispensable para sostener la gobernabilidad regional.
Lecciones de la crisis y preservación institucional
Aramayo sostuvo ante los delegados internacionales que la experiencia vivida por su país demuestra que es posible administrar crisis sociales agudas recurriendo exclusivamente a herramientas institucionales, democráticas y respetuosas de la soberanía nacional. Según el ministro, las estructuras gubernamentales pueden salir fortalecidas de los momentos de alta polarización siempre y cuando se prioricen los canales de diálogo y se defienda la vigencia del marco constitucional.
El canciller boliviano añadió que los problemas complejos que afronta el continente exigen un compromiso mayor con los valores democráticos y la creación de normativas capaces de proteger la libertad individual, los derechos humanos, la estabilidad del Gobierno y la paz social al mismo tiempo.
Agradecimiento por el respaldo diplomático y regional
Durante su alocución, el representante gubernamental puso en relieve la asistencia humanitaria y el respaldo político facilitado por diversas naciones americanas a lo largo de las siete semanas de paros y bloqueos. En ese sentido, Aramayo hizo una mención especial a la colaboración prestada por Chile, un hecho relevante debido a que ambos países no sostienen vínculos diplomáticos formales a nivel de embajadores desde el año 1978 a causa del diferendo histórico por la reclamación marítima boliviana.
De igual forma, el canciller expresó la gratitud de su Gobierno ante la iniciativa liderada por Panamá para articular, en coordinación con Ecuador, Chile, Costa Rica, República Dominicana y Paraguay, una comitiva especial integrada por ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa destinada a dar seguimiento a la situación en Bolivia.
El balance de las siete semanas de conflicto interno
Las movilizaciones en el país andino se iniciaron el pasado 6 de mayo bajo la conducción de la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana, organizaciones a las que posteriormente se sumaron sectores leales al expresidente Evo Morales. La consigna principal de las protestas era forzar la renuncia del mandatario Rodrigo Paz, quien para ese momento apenas acumulaba siete meses al frente del Poder Ejecutivo.
La interrupción prolongada de las principales carreteras del país derivó en un desabastecimiento crítico de suministros básicos, combustibles y oxígeno para uso médico en múltiples centros urbanos. El balance humano de las jornadas dejó un saldo de al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 perdieron la vida debido a la imposibilidad de recibir atención médica a tiempo por culpa de las barricadas, además de generar afectaciones económicas calculadas en más de 3.000 millones de dólares.
La etapa más crítica del conflicto concluyó el pasado sábado cuando, tras concretar una serie de compromisos con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, el presidente Paz decretó el estado de excepción. La medida facultó el despliegue inmediato de las fuerzas de la Policía Nacional y el Ejército para liberar las vías obstruidas y restablecer por completo el tránsito de mercancías y personas en todo el territorio.
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