La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró que las personas que tienen que rendir cuentas ante la Justicia deben «poner a derecho», luego que le consultaran sobre la situación del prófugo líder del partido marxista Perú Libre, Vladimir Cerrón.
En declaraciones a la prensa, Boluarte dijo que «el Ministerio del Interior, en coordinación con el Poder Judicial, están detrás del señor Cerrón», quien tiene una condena por corrupción y otra orden de prisión preventiva por 36 meses, y agregó que «aquellas personas que tengan que dar cuenta con la justicia, se pongan a derecho».
La jefa de Estado atribuyó al Poder Judicial la inasistencia de Cerrón al nuevo proceso judicial por organización criminal y lavado de activos porque, en su opinión, «debió haber previsto que estuviese presente» en la audiencia celebrada el lunes pasado.
Agregó que «comunicó tardíamente a la Policía para que se hicieran presente en el lugar probable donde estaba Cerrón».
«Creo que las personas tienen que responder a la Justicia, más aún cuando es secretario de un partido político», anotó Boluarte, a quien invitó el partido de Cerrón a integrar la fórmula presidencial de Pedro Castillo en las elecciones de 2021, donde la eligieron vicepresidenta y posteriormente, en diciembre de 2022, asumió la Presidencia de Perú, tras la destitución del entonces mandatario por un fallido intento de golpe de Estado.
Otros deudores de la Justicia peruana
Respecto al exministro de Transportes Juan Silva, también prófugo de la Justicia por estar implicado en una red de corrupción atribuida a la gestión de Castillo, Boluarte respondió que la Policía Nacional está en su búsqueda, porque «se dice que está por Venezuela», y espera tener «respuestas pronto».
La prisión preventiva contra Cerrón la adoptó el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y lo motivaron las faltas del político, quien «incumplió hasta cuatro reglas de conducta ordenadas anteriormente en el proceso que se le sigue por organización criminal y lavado de activos», según detalló el Poder Judicial el lunes pasado en la red social X (antes Twitter).
El plazo de 36 meses «los computarán cuando lo ubiquen y capturen por las autoridades», agregó el mensaje del Poder Judicial, que detalló que Cerrón «evadió desde octubre todas las reglas de conducta impuestas en su contra para garantizar el proceso».
La medida revocó una previa de comparecencia con restricciones mientras se investiga a Cerrón por presuntamente encabezar una organización criminal en su partido que tenía como fin «diversos actos de lavado de activos», según la tesis de la Fiscalía.
Supuestamente, en esa red también participaron funcionarios, militantes y familiares, entre otros, luego de utilizar ese dinero para financiar campañas, adquirir bienes a favor de la organización o personas ligadas a ella, así como financiar gastos de sus integrantes.
El pasado 6 de octubre, Cerrón lo condenaron a tres años y medio de prisión por un tribunal superior de apelaciones de la región centroandina de Junín, que revisó los términos de una sentencia en primera instancia que lo había condenado a cuatro años de cárcel en febrero pasado.
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