En un revés político para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el Congreso Nacional de Brasil anuló este jueves el veto presidencial a una ley que reduce significativamente las penas de los condenados por los ataques a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023. La medida fue recibida con euforia por la oposición, encabezada por el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro.
«Fue un primer paso en dirección al objetivo de promover la justicia integral a los perseguidos del 8 de enero», expresó a través de sus redes sociales el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro. Durante la sesión en la Cámara Alta, el legislador celebró el resultado entre abrazos con el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, asegurando que «la derrota del PT es la victoria de Brasil».
El impacto en la condena de Jair Bolsonaro
La nueva normativa impide la acumulación de penas por delitos de naturaleza similar y acelera el acceso a beneficios de progresión de régimen. Según expertos jurídicos, este cambio legal altera drásticamente el panorama para el expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta una condena de 27 años de cárcel.
Bajo las nuevas reglas, el exmandatario —quien actualmente cumple prisión domiciliaria provisional por motivos de salud— podría abandonar el régimen cerrado y pasar al estatus semiabierto en un plazo de entre dos y cuatro años, reduciendo drásticamente su tiempo efectivo tras las rejas.
Un escenario de polarización electoral
La aprobación de la ley ocurre en un momento de alta tensión política, a pocos meses de los comicios presidenciales de octubre, donde Flávio Bolsonaro buscará derrotar a Lula da Silva en las urnas. Para el oficialismo, la ley representa una afrenta a la democracia y un alivio injustificado para quienes urdieron la trama golpista tras las elecciones de 2022.
Por el contrario, para la bancada opositora, la sanción de la ley corrige lo que consideran una «persecución judicial» contra los manifestantes y líderes de derecha implicados en los disturbios que sacudieron la capital brasileña a una semana de la investidura de Lula. La ley será sancionada de forma automática por el Congreso, prescindiendo de la firma del actual mandatario.
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