Fotografía de archivo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE/ Isaac Fontana

El anuncio de un arancel adicional del 25 % por parte del Gobierno de Donald Trump sobre una parte significativa de las importaciones brasileñas ha desatado un fuerte cruce de acusaciones entre el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, justo en la antesala de la campaña para las elecciones presidenciales de octubre.

El mandatario progresista y el hijo mayor del exgobernante ultraderechista Jair Bolsonaro se han responsabilizado mutuamente del impacto de este gravamen, que entrará en vigor el próximo miércoles y golpeará a cerca de un tercio de las exportaciones brasileñas dirigidas a Estados Unidos.

Ofensiva opositora y alineación con Washington

Flávio Bolsonaro, principal contendiente de Lula en la carrera por la presidencia, arremetió con dureza a través de sus redes sociales:

«Lula ya no está en condiciones de ser el presidente de Brasil. El (Joe) Biden brasileño está malhumorado, es irresponsable y se ha convertido en un peligro para nuestra nación».

El primogénito de Jair Bolsonaro —quien fue ungido por su padre como sucesor político tras quedar este inhabilitado y encarcelado por golpismo— respaldó la postura del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien acusó a Lula de provocar el «tarifazo» por «no negociar de buena fe».

Brasilia califica las demandas de EE.UU. de «capitulación»

La respuesta del Ejecutivo brasileño no se hizo esperar. El canciller Mauro Vieira calificó las declaraciones de Rubio como «inaceptables, ofensivas, groseras y arrogantes hacia el jefe de Estado de un país amigo».

Vieira defendió la postura soberana de su país durante las rondas de negociación: «Está claro que lo que incomoda al Gobierno de EE.UU. es que Brasil no se haya doblegado ante las pretensiones desmedidas y las exigencias irrazonables», enfatizó, detallando que Washington pretendía la apertura total de sectores económicos estratégicos sin contrapartidas equivalentes.

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Márcio Elias Rosa, precisó que entre las exigencias norteamericanas figuraban la apertura completa del sector químico, la eliminación de aranceles sobre bienes industriales estadounidenses y restricciones a la inversión extranjera en el sector de minerales críticos.

Detonante técnico: La investigación de la USTR

El origen de este nuevo arancel radica en una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR). Dicho organismo concluyó que políticas del mercado brasileño, tales como el sistema de pagos instantáneos PIX, el marco de propiedad intelectual y las tasas de deforestación, resultan perjudiciales para los intereses de las corporaciones estadounidenses.

A pesar de que la administración de Trump exceptuó del gravamen a unos 2.100 productos estratégicos —incluyendo carne, café, petróleo y tierras raras—, el gobierno de Lula da Silva ya prepara su contraofensiva.

Activación de la «Ley de Reciprocidad» y el factor Bolsonaro

El Ejecutivo de Lula anunció la activación inmediata de los mecanismos de represalia contemplados en la «Ley de Reciprocidad», una herramienta jurídica aprobada por el Parlamento brasileño en abril de 2025. El vicepresidente Geraldo Alckmin matizó que, aunque las medidas están listas para ejecutarse, Brasil «siempre estará abierto al diálogo» para buscar una solución negociada.

Este escenario comercial no es nuevo. En julio de 2025, la tensión bilateral alcanzó su punto máximo cuando Trump decretó aranceles del 50 % en represalia por la condena de 27 años de prisión impuesta a Jair Bolsonaro por conspiración golpista. Aunque un posterior encuentro informal entre Lula y Trump en la ONU alivió la crisis temporalmente, la investigación de la USTR continuó su curso hasta culminar en la actual resolución.

Finalmente, desde el Palacio del Planalto se acusó formalmente a la familia Bolsonaro de actuar como «falsos patriotas» y de haber colaborado activamente en la construcción del expediente que derivó en las sanciones de la USTR. Cabe destacar que Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del expresidente, fue condenado recientemente a cuatro años de prisión en régimen semiabierto por cabildear desde EE.UU. en favor de sanciones contra su propio país.

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