Brasil registró 17.500 denuncias de abusos sexuales contra niños y adolescentes en los primeros cuatro meses de este año, informó este jueves el Ministerio de Derechos Humanos, que instó a «acabar de una vez con ese trágico crimen».
Según los datos oficiales, esa cifra representa un aumento del 68 % respecto a los casos registrados en el mismo período de 2022, lo cual el Gobierno atribuyó a que la sociedad ha creado una mayor conciencia sobre esos abusos y, en vez de ocultarlos, los denuncia con mucha más frecuencia.
El ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, al presentar esos datos en un acto oficial, reforzó el compromiso del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva con «la vida, la salud y la educación» de los niños y adolescentes y anunció diversas acciones de combate a esos delitos.
Una de ellas apunta a reforzar la presencia policial en muchas carreteras del interior del país, en las que se ha comprobado que operan redes de prostitución que se valen de niñas y adolescentes de las capas más pobres de la sociedad.
El acto fue celebrado en ocasión del Día Nacional de Combate a la Violencia Sexual contra niños y adolescentes, instituido en el año 2000 en memoria de una joven de ocho años violada y asesinada en 1973.
«Cincuenta años después de ese trágico crimen, seguimos obligados a revertir ese cuadro desolador» y «acabar de una vez» con esos abusos, declaró Almeida, quien agregó que Brasil «no puede seguir siendo un país que aniquila los sueños de sus niños y normaliza la violencia».
Según el ministro, el Estado tiene «el deber» de garantizar que todos los niños y adolescentes «lleguen a viejos sin violencia, sin abusos, sin violaciones y sin sentir miedo de los adultos que matan sus sueños».
El vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, quien también participó en la ceremonia, destacó que uno de los objetivos del Gobierno en favor de los niños y adolescentes es garantizar la «educación de tiempo integral» en todas las escuelas públicas.
Según Alckmin, de ese modo los alumnos pasarán todo el día en los centros educativos, recibirán alimentación adecuada y estarán «mejor preparados para el futuro» y «más lejos» de las redes delictivas que operan en las barriadas más deprimidas del país.
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