La Comisión Europea anunció este miércoles que va a iniciar un proceso de infracción contra Polonia por la creación de una comisión que investigará la supuesta influencia rusa en los gobiernos entre 2007 y 2014, que preocupa en Bruselas por su posible instrumentalización contra la oposición al actual Ejecutivo conservador polaco.
El anuncio lo hizo hoy en rueda de prensa el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis, tras la reunión del colegio de comisarios europeos que debatió en su cita semanal la situación en Polonia a raíz de la aprobación de esta ley y acordó abrir un expediente bajo el proceso de infracción comunitario.
La portavoz comunitaria Dana Spinant precisó que la misiva que abre el procedimiento no se remitirá hasta mañana jueves.
Se trata de un paso notablemente rápido desde las primeras preocupaciones expresadas por Bruselas el pasado martes, cuando el comisario de Justicia, Didier Reynders, dijo que es imposible estar de acuerdo «con un sistema sin acceso real a la justicia, sin un juez independiente contra una decisión administrativa».
«Esta nueva ley plantea serias dudas en cuanto a su conformidad con el derecho de la UE, ya que otorga importantes poderes a un órgano administrativo que podrían utilizarse para inhabilitar a personas para cargos públicos y que, por tanto, podrían restringir sus derechos», precisó el político belga en una carta enviada a Varsovia el pasado miércoles.
Donald Tusk, jefe de la oposición polaca y ex primer ministro de ese país, llamó el pasado viernes «caza de brujas que viola la Constitución» a la comisión que investigará la supuesta influencia rusa en los Gobiernos que presidió entre 2007 y 2014.
Contará con poderes extraordinarios para registrar, interrogar y castigar a cualquier persona que ocupase un cargo público en esos años, así como inhabilitar para cargos públicos y retirar la inmunidad a quienes encuentre culpables.
El alcance de estas investigaciones y su posible instrumentalización contra la oposición política ha generado una gran polémica en la escena política polaca y tanto la Unión Europea como el Gobierno de Estados Unidos han expresado su «preocupación» por el alcance y las posibles consecuencias que puede tener esta comisión para la democracia en Polonia.
Tusk, considerado como uno de los principales objetivos de una ley que es conocida en Polonia como «lex Tusk», ha sido acusado repetidamente por el Gobierno polaco de ser un «un agente prorruso» y no duda en otorgar un carácter político a esta investigación, que coincide además con próximas elecciones parlamentarias en el país en otoño a las que se presenta el propio expresidente del Consejo Europeo.
Más de 300.000 personas, según estimaciones independientes, se manifestaron este domingo en Varsovia contra la política del Gobierno conservador polaco y esta nueva ley.
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