El sector inmobiliario bolivarense rechaza pretensión de vincular al conjunto «Doña Paulina», ubicado en Puerto Ordaz, con la vieja y extemporánea expropiación de Friosa. En tal sentido, la presidencia de la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar califica el caso de «irregular» y advierte que la constructora del urbanismo ni siquiera existía cuando el Gobierno se apoderó con un decreto del grupo en 2010.
Según comentó Francisco Piñango, el sector empresarial del estado Bolívar se encuentra en alerta ante lo que califican como un intento de «expropiación irregular y traída de los cabellos».
Diversos factores económicos y gremiales han alzado su voz en rechazo a las pretensiones de vincular al Conjunto Residencial ‘Doña Paulina’, ubicado en la avenida Atlántico de Unare, con el ya histórico proceso de expropiación de la empresa Frigoríficos Ordaz S.A. (Friosa), ejecutado originalmente hace más de una década.
Piñango, presidente de la Cámara Inmobiliaria del Estado Bolívar, fijó una postura categórica en representación de su gremio, manifestando su profundo rechazo a las amenazas de invasión y a cualquier intento de vulnerar la propiedad privada en la región.
Flagrante incongruencia temporal y jurídica
El argumento central de la defensa del sector inmobiliario radica en una evidente contradicción en las líneas de tiempo del derecho de propiedad y los procesos judiciales en cuestión.
Mientras que las medidas expropiatorias contra Friosa —empresa perteneciente a los García Armas— se iniciaron formalmente en el año 2010 y concluyeron administrativamente hacia 2012, la construcción del Conjunto Residencial Doña Paulina es un proyecto muy posterior.
«Es bien sabido que no priva una cosa sobre la otra. Una cosa es la propiedad privada y otra es una empresa que se vio afectada en el pasado. De hecho, la empresa desarrolladora de Doña Paulina ni siquiera existía cuando se expropió Friosa», enfatizó Piñango.
De acuerdo con los datos técnicos del proyecto, el urbanismo —que suma alrededor de 190 apartamentos y representa un eje de desarrollo habitacional clave para la avenida Atlántico, donde orbitan más de 8.000 viviendas— comenzó a construirse en el año 2015 y culminó sus fases de edificación en 2021. Por ende, los intentos de adosar este patrimonio residencial a los activos remanentes de la vieja expropiación carecen de sustento legal y temporal.
Desmentida matriz sobre el origen de los materiales
Frente a los rumores y matrices de opinión que han intentado circular en la zona, donde se alega falsamente el uso de insumos públicos, la directiva de la Cámara Inmobiliaria fue enfática en desmarcar el proyecto de cualquier programa estatal.
Los propietarios y promotores del proyecto han consignado la documentación que demuestra que el 100% de los materiales de construcción empleados para levantar los edificios de Doña Paulina fueron adquiridos de manera legítima en el mercado privado y no tienen nada que ver con materiales de la Misión Vivienda, como han tratado de alegar los que pretenden expropiar estos apartamentos. Piñango resaltó especialmente tres aspectos que considera fundamentales:
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Origen de los fondos: Capital estrictamente privado y comercial.
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Desvinculación estatal: No existen nexos operativos ni financieros con la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
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Sustento legal: Las facturas y trazas comerciales forman parte del expediente que defiende la cualidad privada del inmueble.
Zozobra vecinal y amenazas de invasión
La situación no solo mantiene en vilo a los inversionistas y a los corredores inmobiliarios afiliados al gremio —algunos de los cuales forman parte de los afectados directos—, sino que ha roto la paz vecinal en Unare.
Habitantes del sector han denunciado la presencia de personas ajenas a la comunidad que han intentado pernoctar, deambular y merodear el complejo habitacional con intenciones de persuasión e invasión latente, lo que genera un clima de inseguridad jurídica y ciudadana en una de las zonas de mayor densidad residencial de Puerto Ordaz. Que incluso ha requerido acciones de la propia Fiscalía del Ministerio Público.
Exhorto a los poderes públicos
Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de que se configure un precedente peligroso para la inversión en el estado, la Cámara Inmobiliaria de Bolívar emitió un enérgico llamado a las autoridades regionales y judiciales en dos peticiones particulares:
Al Ministerio Público: Para que actúe de oficio en la protección del inmueble y garantice el respeto estricto al debido proceso.
A la Gobernación del Estado Bolívar y la Alcaldía de Caroní: Para que preserven el orden público, desarticulen los focos de invasión y garanticen la seguridad jurídica que requiere el sector constructor para la reactivación económica de la región.
El gremio inmobiliario concluyó advirtiendo que la defensa de la propiedad privada es innegociable, puesto que constituye el pilar fundamental para cualquier posibilidad de desarrollo, confianza y futuro habitacional en Ciudad Guayana.
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