La Cancillería de Perú señaló este sábado que la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, la cual concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo fue arbitraria, no constituye una decisión jurisdiccional obligatoria.
Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que los pronunciamientos de este comité de la ONU «no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional, no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen, por sí mismos, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno». En tal sentido, la institución remarcó que las conclusiones presentadas no modifican las decisiones vigentes adoptadas por las autoridades judiciales competentes del país.
Naturaleza del mecanismo de las Naciones Unidas
La nota informativa del sector diplomático subraya que el referido grupo adscrito a la ONU funciona bajo la figura de un «Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos». Este equipo está integrado por profesionales independientes que examinan comunicaciones individuales y formulan recomendaciones específicas a los Estados miembros.
Conforme a las normativas del derecho internacional público, las opiniones emitidas por esta delegación corresponden a un mecanismo de supervisión no jurisdiccional. La Cancillería enfatizó que su propósito principal es el de promover el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos, sin interferir en los procesos penales autónomos de cada nación.
Ofensiva legal de la defensa y solicitudes de nulidad
La precisión del ministerio se conoció después de que el abogado de Castillo, Walter Ayala, presentara un recurso de hábeas corpus exigiendo la libertad inmediata del exmandatario, quien cumple una condena de once años de prisión por el fallido intento de golpe de Estado perpetrado en diciembre de 2022.
El recurso legal de la defensa plantea además la nulidad absoluta de todas las actuaciones judiciales previas contra Castillo, incluyendo los mandatos de prisión preventiva de 18 y 36 meses, así como la condena en primera instancia dictada el 4 de diciembre del año pasado, la cual se encuentra en fase de apelación. Asimismo, la acción busca dejar sin efecto la resolución legislativa del Congreso que declaró la vacancia presidencial por incapacidad moral, argumentando vicios en el derecho a la defensa del exgobernante.
El documento señala como responsables de la supuesta vulneración de la libertad de Castillo a las máximas autoridades del país, entre ellos el actual presidente interino, José María Balcázar; el ministro de Justicia, Luis Jiménez; el Parlamento nacional, los magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el juez supremo Juan Carlos Checkley y el Ministerio Público.
Pronunciamiento del Ejecutivo ante la transición de mando
Consultado al respecto, el presidente interino José María Balcázar declaró en la víspera que el documento remitido por la ONU modifica parcialmente el escenario jurídico y constitucional sobre la forma en que se podría evaluar una medida de gracia. El mandatario, quien entregará el poder el próximo 28 de julio a la ganadora de la segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori, explicó que esperará una solicitud formal por parte de los abogados del exgobernante.
El gobernante sostuvo que el informe de la organización internacional podría robustecer los argumentos de un nuevo pedido de indulto humanitario o político, el cual tendría que ser canalizado y evaluado técnicamente en primer término por los asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Paralelamente a las discusiones jurídicas, la tensión política se trasladó a las calles. Este sábado, el excandidato presidencial Roberto Sánchez, junto a un grupo de partidarios, se concentró a las afueras del penal de Barbadillo para exigir la liberación del líder andino y anunció una movilización nacional para el próximo 15 de julio en respaldo a las demandas de excarcelación.
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