El opositor venezolano Henrique Capriles tachó este miércoles de «aberrante» la inhabilitación de «10 alcaldes» antichavistas por parte de la Contraloría General, lo que, a juicio del exgobernador, demuestra el «desespero» del Gobierno de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
«Sigue Maduro en modo desespero y vuelve a usar las instituciones para violentar la ley y el derecho ciudadano. Esta vez inhabilitan a 10 alcaldes», dijo Capriles en la red social X.
El dos veces aspirante presidencial aseguró que este grupo de alcaldes, de los estados Trujillo (oeste) y Nueva Esparta (noreste), fueron inhabilitados como represalia por apoyar la candidatura de la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, con Edmundo González Urrutia, a los venideros comicios.
Se solidarizó con los funcionarios
Capriles, inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta 2032, se solidarizó con los funcionarios sancionados y agregó que «la voluntad del pueblo puesta en cada voto para elegir a esos alcaldes será ratificada y superada» el 28 de julio, cuando la PUD espera derrotar al actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien busca su segunda reelección, y poner fin al chavismo, en el poder desde 1999.
Horas antes, González Urrutia expresó su solidaridad con los alcaldes y alertó de una «creciente persecución» en Venezuela, por lo que se comprometió a luchar «por un país donde nadie sea perseguido por pensar diferente» al Gobierno.
Según refleja este miércoles la página web de la Contraloría, los alcaldes opositores Iraima Vásquez y José María Fermín, del municipio Tubores y Villalba, respectivamente, en Nueva Esparta, y Heriberto Materán, de la localidad de Motatán, en Trujillo, fueron inhabilitados por 15 años para ocupar cargos públicos.
La página de la institución indica que las inhabilitaciones se hicieron según dos resoluciones con fecha del 24 de mayo de 2024.
El pasado abril, la institución inhabilitó a cinco opositores, entre ellos un alcalde, para ejercer «cualquier cargo» público por 15 años, así como a otro antichavista por un período de 12 meses.
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