Lima, Perú. La Armada peruana, encargada de controlar la prisión de máxima seguridad del país, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse las múltiples llamadas realizadas desde esa cárcel por Vladimiro Montesinos para presuntamente conspirar contra los resultados de las elecciones presidenciales.
Desde el teléfono del centro de reclusión de la Base Naval del Callao, el súper asesor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) realizó numerosas llamadas para supuestamente aconsejar que se intentase sobornar a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el fin de que beneficiasen a Keiko Fujimori.
En un primer momento, la Armada peruana admitió que Montesinos, que cumple una condena 25 años de cárcel por ser el artífice de la gigantesca red de corrupción que se instaló en el aparato estatal durante el mandato de Fujimori, usó el teléfono de la prisión los días 10 y 23 de junio.
Eso coincidía con las grabaciones difundidas por el exministro y excongresista Fernando Olivera, donde se le escuchaba a Montesinos pedir que se ponga «gasolina» (dinero) para que los magistrados del JNE admitiesen todos los recursos de anulación de votos presentados por Keiko Fujimori, que no reconoce su derrota en las urnas.
Al otro lado del teléfono estaba el exoficial del Ejército Pedro Rejas Tataje, pese a que, según la Marina de Guerra, Montesinos había pedido hablar con su pareja sentimental, versión que genera dudas ya que el protocolo ordena que un oficial de la cárcel marque el número telefónico y esté presente durante la llamada.
AL MENOS 17 LLAMADAS EN JUNIO
Sin embargo, las llamadas de Montesinos a Rejas Tataje no resultaron ser dos sino hasta 17 entre el 2 y el 24 de junio, según una información revelada el sábado por el portal periodístico IDL Reporteros.
Tras conocerse ese dato, el Ministerio de Defensa anunció en un comunicado que la Armada ha relevado de sus cargos tanto al jefe de la prisión como al jefe de la Policía Naval, así como a los tres oficiales encargados de resguardar el centro de reclusión durante junio.
«Nos molesta y hasta nos indigna que un reo que está privado de su libertad reaparezca en escena en un momento tan crítico para nuestra vida democrática», dijo el sábado la primera ministra de Perú, Violeta Bermúdez.
No es la primera vez que Montesinos hace supuestamente llamadas no autorizadas desde prisión, pues en 2016 también fue descubierto con un teléfono móvil desde el que se aparentemente comunicaba pocos días antes de la segunda vuelta presidencial entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori.
Además de Montesinos, en esa misma prisión están recluidos los líderes de las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), entre ellos sus respectivos fundadores, Abimael Guzmán y Víctor Polay.
FUJIMORI APOYADA POR EXMILITARES
Es precisamente entre los ex altos mandos de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Marina de Guerra, donde más acogida ha tenido la versión del supuesto fraude electoral que sostiene Keiko Fujimori para no reconocer la victoria del izquierdista Pedro Castillo en los pasados comicios presidenciales del domingo 6 de junio.
Incluso un grupo de más de un millar de militares en retiro, entre ellos los almirantes Jorge Montoya y José Cueto, recientemente electos congresistas por el ultraconservador partido Renovación Popular, remitieron una carta a las Fuerzas Armadas para pedirles que no reconozcan a Castillo como presidente electo, lo que en la práctica sería un golpe de Estado.
Al 100 % del escrutinio, Castillo es el virtual presidente electo de Perú al haber obtenido el 50,12 % de los votos válidos, una ajustada victoria por apenas 44.000 votos sobre Fujimori.
Desde que veía que su derrota era casi irreversible, Fujimori denunció sin pruebas fehacientes un supuesto fraude y solicitó anular unos 200.000 votos de zonas rurales, andinas y pobres donde Castillo tuvo un apoyo abrumador, pero todos sus recursos han sido rechazados en primera instancia por falta de evidencias.
La posibilidad de un fraude ha sido descarta por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, así como por los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá, que han destacado la corrección del proceso electoral, calificado de libre y democrático.
EFE noticias
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