La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este viernes a ocho antiguos integrantes del Ejército y a cuatro de la Policía Nacional de Colombia por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en la Comuna 13 de Medellín entre los años 2001 y 2004.
Entre los procesados destacan figuras de alto perfil militar y policial, como el general retirado Mario Montoya, excomandante del Ejército durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), y el general retirado José Leonardo Gallego, vinculado además en otras investigaciones por el secuestro de la periodista Jineth Bedoya.
El anuncio formal de la decisión se realizó desde La Escombrera, el mayor vertedero de escombros de Medellín y sitio emblemático donde se han buscado restos de víctimas de desaparición forzada. «Las familias han esperado demasiado para saber qué ocurrió, quiénes fueron los responsables y dónde están las personas que continúan desaparecidas», manifestó durante la rueda de prensa el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli.
El saldo de la Operación Orión y la violencia urbana
La exhaustiva investigación documenta 591 crímenes que dejaron un saldo de 891 víctimas, entre las que se contabilizan 87 personas desaparecidas. El expediente de la JEP acredita la comisión sistemática de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, violencia sexual, persecuciones y detenciones arbitrarias.
Los hechos se enmarcan en intervenciones como la Operación Orión, desplegada el 16 de octubre de 2002 con el propósito inicial de expulsar a las milicias de las FARC y del ELN de la zona. El magistrado Óscar Parra calificó el operativo como «la mayor intervención militar y policial desarrollada hasta entonces en entorno urbano en Colombia», señalando que, a pesar de los objetivos declarados, el procedimiento derivó en graves violaciones de derechos humanos.
A más de dos décadas de los hechos, la Comuna 13 ha canalizado parte de su proceso de memoria y resiliencia a través del arte urbano, llenando sus espacios de murales y grafitis que honran a las víctimas y exigen justicia.
Escenarios judiciales y plazos para los procesados
Tras recibir la notificación, los doce exfuncionarios imputados disponen de un plazo de 30 días hábiles para responder por escrito si aceptan la responsabilidad o la rechazan.
En caso de que reconozcan los hechos y aporten verdad plena y detallada, la causa pasará a la Sección de Reconocimiento del Tribunal de Paz para la imposición de sanciones propias, las cuales contemplan restricciones efectivas de la libertad. Por el contrario, si deciden no aceptar los cargos, la causa se remitirá a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde podrían enfrentarse a juicios contradictorios con condenas de hasta 20 años de cárcel.
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