Bladimir Martínez Ladera
Ciudad Guayana.-Querellantes de la familia de Ángela Aguirre declararon que el caso de la adolescente fue radicado en Caracas. La decisión la tomó el Tribunal Supremo de Justicia, posteriormente será asignado a un tribunal de violencia.
La iniciativa se debió a solicitud de las víctimas, por la misma situación de inseguridad en el proceso que se ventilaba en el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz.
Desde que el cadáver de la menor fue hallado en aguas del río Caroní, personas interesas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, también fiscales del Ministerio Público, trataron por todos los medios de cambiar evidencias y pruebas que incriminaban a los siete individuos que participaron en el atroz feminicidio.
Supuestamente, todo ha sido una componenda a favor de los imputados, sin embargo, la doctora Yamileth Carvajal, pudo desmontar las triquiñuelas de pesquisas y fiscales del Ministerio Público, hasta tan punto de pedir que el caso sea radicado en otro lugar.
A pesar que la defensa de los procesados apeló a la decisión del Tribunal Primero de Control en materia de Violencia de Género, la corte no admitió la solicitud de las dos ex fiscales del Ministerio Público, situación que hace suponer que los supuestos feminicidas continuarán privados de libertad.
Igual, se pudo conocer que el TSJ, admitieron la acusación de los querellantes con todos los delitos que solicitaron y la causa será radica en el área Metropolitana de Caracas.
Fiscalía Superior
Días pasados el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera, se había pronunciado con respecto al caso de Ángela Aguirre, el mismo acusó a representantes del Ministerio Público, por contribuir a la dilatación del proceso contra los “Los 7” procesados.
José Alberto Cedeño, 18 años, Wilmer Antonio Díaz Urbano, 30 años, José Antonio Zorilla, 44 años, Glauber Jesús Zorilla Ríos, 19 años, Orlando Abrahan Salazar Vargas, 35 años, Joselyn Gregoria González Barreto, 18 años y Dayana Carolina Nicieza Cancio, 28, aún permanecen en calabozos del Cicpc.
Querellantes, están a la espera que el expediente de Ángela Aguirre, sea asignado a un tribunal con competencia en materia de violencia de género. Además, victimas continúan esperando que la fiscal Emily Hernández, sea expulsada del Ministerio Público, después que la misma presuntamente intentó cambiar evidencias para beneficiar a los imputados.
También la doctora Carvajal, en reiteradas oportunidades denunció que dicha fiscal, siendo recusada, seguía metiendo sus manos en el expediente de la fallecida.
La libertad de “Los 7”, ya estaba lista, sin embargo, el panorama cambió una vez que la parte acusadora recusó a la fiscal e hizo entrar en razón a los administradores de justicia que la muerte de la adolescente era un feminicidio y que el mismo era competencia de un tribunal de violencia y no de un tribunal de control.
Todo cambió para Hernández y “Los 7” procesados en la audiencia de presentación. La autopsia forense practicada por la doctora Marlene Sánchez, daba como resultado una muerte violenta, fue golpeada, torturada y violada, antes de morir.
Manos criminales han procurado favorecer a los asesinos de la estudiante de cuarto año, quien vivía en la urbanización Los Alacranes, San Félix, con sus padres.
Bajo engaño.
De acuerdo al audio que circuló un día antes de la presentación de los imputados, todo hace suponer que se trató de una muerte premeditada y con alevosía en la que participaron todas estas personas.
Ángela, fue llevada a la Isla La Terecaya, posiblemente bajo engaño. José Alberto, abusó de la adolescente y después organizó como debía morir con la ayuda del resto de la tripulación de la embarcación “Kaki”.
Cedeño, con sus manos le produjo la muerte por inmersión. Igual, la adolescente sufrió un golpe contundente y lesiones graves en sus partes íntimas.
A pesar del intento por cambiar el resultado forense para que involucrados quedaran libre de culpa, manos criminales no pudieron, fiscalía 13° y 16° de Puerto Ordaz, también 47° y 66° con competencia nacional, acusaron a José Alberto de feminicidio agravado y suministro de sustancia nociva; el resto de los acusados de cómplices no necesarios, omisión de socorro, entre otros delitos que les serán agregados.
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