Una delegación del Centro Carter llegó este jueves a Venezuela para evaluar una posible visita de una misión técnica de observación electoral para los comicios presidenciales, previstos para el segundo semestre de 2024, tras el acuerdo firmado en octubre por el Gobierno y la oposición sobre garantías en esta contienda.
En un breve comunicado, la organización estadounidense informó de la llegada a Caracas de un grupo de representantes, luego del «acuerdo que se firmó en Barbados el 17 de octubre» entre el Gobierno chavista y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
La delegación se reunirá con el Consejo Nacional Electoral (CNE), con los «firmantes del acuerdo», miembros de partidos políticos, observadores electorales nacionales y grupos de la sociedad civil.
Consideración de una invitación
El Centro Carter agregó que las reuniones serán para «discutir la consideración de una invitación para desplegar una misión técnica de observación electoral para las elecciones presidenciales de 2024, de conformidad con el acuerdo».
El «acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos» prevé que los comicios cuenten con observación de la Unión Europea (UE), del Centro Carter y del panel de expertos de las Naciones Unidas, entre otras instancias.
Asimismo, plantea definir un cronograma para las elecciones presidenciales de 2024 y contempla que «se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana».
Ganadora de las primarias
La PUD considera que el acuerdo debe constituir una «ruta» para que se levanten las inhabilitaciones que impiden a diversos antichavistas ocupar cargos de elección popular, entre ellos a la exdiputada María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras del 22 de octubre, con el 92,35 % de los votos.
Sin embargo, la delegación oficialista ha insistido en que una persona que esté inhabilitada políticamente «no puede» ser candidato para las presidenciales.
Adicionalmente, tras los resultados de las primarias, el Gobierno y sectores adversos a la oposición mayoritaria han cuestionado el proceso de las internas, con acusaciones de un supuesto fraude y de presuntamente alterar el número de participación, de unos 2,5 millones de ciudadanos, según el antichavismo.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la suspensión de «todos los efectos» de las primarias, a la vez que la Fiscalía abrió una investigación contra la Comisión Nacional de Primaria (CNP), organizadora del proceso, a la que acusa de «usurpación de funciones» y «de identidad», «legitimación de capitales» y «asociación para delinquir», aunque la PUD dice que ni «nada ni nadie» podrá invalidar ese proceso electoral.
El Centro Carter anunció en agosto de 2015, cuatro meses antes de las elecciones legislativas, el cierre de sus oficinas y el cese de sus operaciones en Venezuela, con la intención de enfocar «sus recursos limitados en otros países que solicitaron su apoyo».
La entidad observó regularmente las elecciones convocadas en la nación caribeña desde 1998 y había mantenido oficinas en el país, al menos, desde 2002.
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