Foto de archivo del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. EFE/ Carlos Ortega

El partido derechista Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, denunció este domingo un «alarmante plan» que amenaza los derechos del exmandatario y que tiene que ver, en parte, con la llegada a Colombia, deportado de EE. UU. la semana pasada, del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

«Expresamos nuestra profunda preocupación por el alarmante plan contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que implica graves amenazas a sus derechos. Demandamos a organismos internacionales medidas cautelares para su protección», señaló el Centro Democrático en un comunicado.

El partido agregó: «Esta denuncia parte, entre otros motivos, de la llegada a Colombia del reconocido criminal de lesa humanidad Salvatore Mancuso, traído a expensas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual lo ha escuchado sin apenas contrastar las mentiras y contradicciones en las que ha incurrido».

Centro democrático achaca el plan al regreso de Mancuso

Mancuso llegó el martes a Bogotá procedente de EE. UU., de donde se halla deportado tras cumplir una condena por narcotráfico, y aseguró que acatará «las condiciones restrictivas» que le imponga la Justicia de su país.

El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegó en un vuelo chárter de deportados que aterrizó en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) y ahora tendrá que comparecer ante la Justicia por decenas de crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Mancuso se encuentra designado «gestor de paz» por el presidente colombiano, Gustavo Petro, para mediar con el Clan del Golfo, grupo heredero de las AUC con el que el Gobierno intentó comenzar unos diálogos de momento frustrados.

El viernes asistió a la primera parte de una audiencia, que se prevé termine el lunes, ante una jueza de ejecución de sentencias de Justicia y Paz de la capital colombiana, que decide si lo deja en libertad o no.

Igualmente en noviembre del año pasado la JEP, creada por el acuerdo de paz que el Gobierno y la guerrilla de las FARC firmaron en 2016, aceptó el sometimiento de Mancuso como «bisagra» entre las AUC y miembros de la fuerza pública.

«La tozudez de los hechos y la manera como la JEP tuerce la ley para beneficiar a Mancuso, quien además es nombrado por el Gobierno ‘gestor de paz’, evidencian el plan que se han trazado algunos sectores políticos, que ahora resultaron aliados de criminales de todos los matices, para acusar y señalar al expresidente Uribe de hechos en los cuales no tuvo ninguna responsabilidad», añadió el partido.

Temen por la seguridad de Uribe

Para el Centro Democrático, «la grave amenaza que hoy se cierne sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez obedece a la venganza, a los propósitos y la unión de enconados y reconocidos enemigos criminales y políticos que el expresidente ha combatido y enfrentado a lo largo de su larga carrera pública».

Y es que Mancuso aseguró en mayo del año pasado, en una audiencia de aporte a la verdad ante la JEP, que las AUC apoyaron candidaturas de políticos que buscaban llegar al Congreso de Colombia en las elecciones de marzo de 2010 y también hubo respaldos para las campañas de los ahora expresidentes Uribe y Andrés Pastrana.

Al respecto, Uribe manifestó el viernes que Mancuso miente: «Jamás se reunió conmigo, nos saludamos pocas veces por mi vinculación a Montería (capital del departamento de Córdoba). No tuvimos conversaciones, en la campaña presidencial me negué a reunirme con él, como quedó públicamente establecido, y también públicamente desautorice que me apoyara en Barrancabermeja».

 

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