Vecinos siguen esperando alumbrado público que no represente un peligro en el sector, calles que continúan siendo de tierra. Foto: Níger Martínez

Una comunidad anclada en la invasión 25 de Marzo, parroquia 11 de Abril, San Félix, donde sus residentes sobreviven debajo de techos de zinc oxidado, paredes de madera y láminas retorcidas.

Creyeron que, al ocupar este terreno baldío que antes era “zona roja” dominada por el hampa para delitos que aterrorizaban a vecinos, el Gobierno los incluiría en proyectos habitacionales como Gran Misión Vivienda Venezuela. Esa regularización nunca llegó para más de 300 familias asentadas.

En estos 12 años de existencia formal, lugareños aguardan que los proyectos impulsados por el consejo comunal sean priorizados por la Alcaldía de Caroní, Gobernación y Gobierno nacional. Sin embargo, sus peticiones como: zonificación urbanística, sistema eléctrico confiable, alcantarillado, asfaltado, agua potable continua, viviendas dignas y red de aguas negras, solo derivan en promesas etéreas que quedan en papeles y “veremos”.

Ingenio comunitario ante abandono oficial

Los propios vecinos se ingeniaron para extender electricidad desde calles aledañas de 25 de Marzo hasta el barrio, usando pedazos de guaya o alambre de púa para llevarla a cada casa. Esta conexión pone en riesgo la vida de niños y ancianos, con cortocircuitos frecuentes y sobrecargas que provocan apagones internos.

Cada calle y vereda permanece de tierra apisonada. En época de verano, la polvareda intensa invade hogares, desencadenando problemas respiratorios en niños y adultos mayores.

Colapso sanitario y agua racionada

Muchos pozos sépticos caseros están colapsados por falta de mantenimiento; familias no cuentan con recursos para cavar nuevos ni pagar para hacer otra fosa. El agua llega esporádicamente por tuberías, insuficiente para higiene básica en 300 núcleos familiares.

La luz obtenida es deficiente, intermitente, igual que el agua que gotea de vez en cuando. Comunidad “Chávez Somos Todos” insiste en mesas de diálogo con Hidrobolívar, Corpoelec y la gobernación de Bolívar para materializar la zonificación pendiente desde 2018.

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