El chavismo y un sector de la oposición acordaron gestionar de forma conjunta el desbloqueo del oro retenido en el Banco de Inglaterra y revisar los procesos de inhabilitación política en Venezuela al concluir su tercer ciclo de negociaciones, tras una semana de conversaciones.
Para la gestión de los recursos auríferos, las partes conformarán una comisión paritaria que tramitará ante las instituciones del Reino Unido la liberación de las reservas venezolanas. A la par, reformarán la Ley Orgánica de la Contraloría General con foco específico en los mecanismos para inhabilitar dirigentes.
Caso ‘María Corina Machado’ y reformas electorales
El anuncio coincide con la petición de la oposición para que las autoridades levanten la inhabilitación a su líder y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. La dirigencia busca que Machado —quien salió del país en diciembre pasado— regrese a Venezuela para liderar una transición ante una eventual elección presidencial.
Por su parte, la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, leyó la declaración conjunta que contempla «un proceso de revisión profunda de diversos instrumentos legales».
Entre las prioridades figura la Ley de Partidos Políticos, con el objetivo de garantizar la participación de todos los sectores y fortalecer la democracia.
Las negociaciones también abrieron la puerta a revisar la Ley Simón Bolívar, que el Parlamento aprobó en 2024 bajo la presidencia del jefe negociador chavista, Jorge Rodríguez. Esta normativa impone penas de 25 a 30 años de cárcel, severas multas y hasta 60 años de inhabilitación política a quienes promuevan sanciones internacionales contra el Gobierno.
Redefinición del delito de terrorismo
Finalmente, las partes pactaron modificar la definición y tipificación del delito de terrorismo en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Durante la crisis poselectoral de 2024, la Fiscalía General —encabezada entonces por Tarek William Saab— imputó por terrorismo a numerosos manifestantes tras acusarlos de violencia y vandalismo.
En ese contexto, abogados defensores como Joel García denunciaron que el Estado aplicaba esta acusación como un «patrón sistemático» contra la disidencia, sin individualizar las conductas penalmente, luego de que el ente electoral proclamara a Nicolás Maduro sin publicar los resultados detallados por mesa.
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