Shanghái.-China anunció sanciones contra tres políticos de Estados Unidos y Canadá y una institución dependiente de la cámara baja canadiense en respuesta a las impuestas hace unos días por esas dos naciones a funcionarios chinos a causa de la situación de los uigures en la región noroccidental de Xinjiang.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China prohibió la entrada al país a Gayle Manchin y Tony Perkins, presidente y vicepresidente del Comité para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, al parlamentario conservador canadiense Michael Chong y al subcomité de Derechos Humanos Internacionales del Comité Permanente sobre Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes de Canadá.
Asimismo, se prohíbe a ciudadanos e instituciones de China llevar a cabo «negocios o intercambios» con el citado Comité.
El pasado día 22, Estados Unidos y Canadá se habían sumado a las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) contra cuatro altos funcionarios chinos y una entidad al considerarlos participantes de «graves abusos» contra los derechos humanos de los uigures y otras minorías étnicas en esa región.
Sin embargo, China considera que esas sanciones «unilaterales» se basan en «rumores y desinformación».
Pekín asegura que está «protegiendo su soberanía nacional» y exige a los países con los que ha mantenido riñas diplomáticas a cuenta de Xinjiang que «entiendan de forma clara la situación y rectifiquen sus errores».
«Deben detener la manipulación política en los asuntos relativos a Xinjiang, dejar de interferir en los asuntos internos de China de manera alguna y abstenerse de seguir avanzando por el camino equivocado. Si no, se acabarán quemando las manos», se indica en el comunicado.
Estas sanciones han sido anunciadas un día después que las impuestas a nueve ciudadanos -siete políticos, una académica y un abogado- y cuatro entidades del Reino Unido.
Pekín respondió a las de la UE respondió el mismo día 22 sancionando a diez personas, entre ellos europarlamentarios e investigadores.
En los últimos años, han surgido denuncias sobre la situación de algunas minorías en Xinjiang por parte de miembros de la etnia uigur residentes en el extranjero, así como de otras etnias minoritarias de fe mahometana.
Además, también se han publicado imágenes satelitales que muestran la construcción y expansión de instalaciones vigiladas y se han filtrado documentos que apuntarían a una política expeditiva con el supuesto fin de terminar con el radicalismo islámico en la región, escenario de campañas de inmigración interna por parte de la etnia mayoritaria china, la han, durante las últimas décadas.
En opinión de algunos analistas extranjeros, las citadas instalaciones serían centros de internamiento, cuya existencia Pekín negó en un principio, mientras que después defendió que se trata de centros de formación profesional que sirven para la desradicalización de islamistas en la región.
Asimismo, según las autoridades chinas, servirían para enseñar una profesión a los internos y mejorar así su situación económica en una zona a la que destina grandes inversiones.
Pekín niega de manera tajante que se produzcan violaciones de los derechos humanos en Xinjiang, una región en la que la prensa internacional se enfrenta a complicaciones adicionales a las habituales en China a la hora de informar.
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