Un total de 4.919 personas han sido detenidas en Venezuela durante el transcurso de 2026, según informó este martes el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico. El balance, difundido a través de los canales oficiales del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, no especificó la tipificación de los delitos que motivaron los arrestos.
Durante el reporte operativo, Rico detalló que la policía científica ha logrado incautar 483 armas de fuego y 2.385 municiones en distintos procedimientos. Asimismo, el funcionario resaltó la recuperación de 1.128 vehículos y 1.227 dispositivos móviles que se encontraban solicitados o bajo investigación.
Exigencia de profesionalismo
El jefe policial instó a los ciudadanos a no obstruir las «acciones policiales legítimas», pero al mismo tiempo hizo un llamado directo a sus subalternos para mantener un «trato digno y profesional hacia la población».
«Debemos garantizar que la policía respete al pueblo y que el ciudadano confíe en sus instituciones», subrayó Rico, alentando a la comunidad a denunciar cualquier irregularidad ante las delegaciones del CICPC.
Contrastes en las cifras de criminalidad
Estas estadísticas se presentan meses después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, asegurara ante el Parlamento que el país cerró 2025 con una tasa de 3 homicidios por cada 100.000 habitantes, marcando un descenso progresivo frente a los 4,1 registrados en 2024.
Como parte de esta estrategia de seguridad, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha impulsado la instalación masiva de cámaras de seguridad en todo el territorio nacional con el objetivo de optimizar la prevención del delito.
Denuncias de control y abusos
Sin embargo, el despliegue de seguridad ciudadana no está exento de críticas. Varias organizaciones no gubernamentales han alzado su voz contra prácticas que consideran violatorias de los derechos humanos.
PROVEA: La ONG ha denunciado la «revisión ilegal de celulares» por parte de agentes policiales y militares, una práctica que califica como un abuso común destinado a generar miedo por contenido considerado «subversivo».
VE Sin Filtro: En un informe publicado en marzo, la organización advirtió que el sistema tecnológico de seguridad ciudadana está siendo utilizado por el Ejecutivo como una herramienta de control político.
El balance operativo del CICPC refleja una intensa actividad estatal en materia de orden público, mientras el debate sobre los límites de la vigilancia y el respeto a la privacidad digital se mantiene en el centro de la opinión pública nacional.
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