La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) denunció una vez más que el Gobierno de Nicolás Maduro “impone una política estatal y sistemática de represión y amedrentamiento sistemático” en contra de opositores o de personas que perciban como tales.
“El Estado ha violado sistemáticamente los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, para facilitar la concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, desalentar la participación política y minar la independencia de las instituciones”, insistió el organismo.
A juicio de la Comisión, las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos a diversos opositores, entre las que mencionó la que pesa sobre María Corina Machado han sido aplicadas “de manera desproporcionada”, lo que “viola estándares interamericanos en relación con los derechos políticos”.
Se señaló que “el deterioro institucional y la falta de independencia” del sistema judicial ha permitido que “se instale un clima de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos”.
Vale recordar que, además de figuras como Machado o Henrique Capriles, la Contraloría General de la República inhabilitó recientemente a Carlos Ocariz, exgobernador del estado Miranda; José Fernández, actual alcalde del municipio Los Salias, en el estado Miranda; Tomás Guanipa, exparlamentario y miembro de la delegación de la Plataforma Unitaria en las negociaciones con el gobierno, y Elias Sayegh, alcalde del municipio El Hatillo y Juan Carlos Caldera.
Varios de los afectados son potenciales candidatos en las elecciones regionales y municipales que deben celebrarse el año próximo.
En este sentido, la Comisión aseguró que «ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo ni el Poder Judicial han actuado con debida diligencia para investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones» a los derechos humanos, que incluyen desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas.
El organismo instó a la administración Maduro para que restablezca «el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin cualquier tipo de represión o discriminación de toda la población y el efectivo control ciudadano sobre la actuación de los distintos poderes del Estado».
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