La familia del abogado argentino Germán Giuliani, preso hace más de 300 días en Venezuela, y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) solicitaron este lunes medidas cautelares urgentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger su vida e integridad.
La petición exige información inmediata sobre su paradero, salud y situación jurídica, denunciando un período inicial de desaparición forzada tras su detención por la Guardia Nacional Bolivariana entre el 21 y 23 de mayo de 2025, mientras navegaba en aguas de Anzoátegui con tres venezolanos.
El documento detalla vulneraciones graves: comunicaciones restringidas, sin acceso consular ni defensa legal, incomunicaciones prolongadas, golpes para forzar confesiones, alimentación inadecuada y falta de atención médica. Las autoridades venezolanas lo acusan de terrorismo y narcotráfico, cargos que su familia califica de «infundados».
«Su caso cumple con gravedad, urgencia y riesgo irreparable», argumentan los peticionarios, pidiendo su liberación inmediata. Giuliani es el único argentino aún detenido en Venezuela; otros, como el gendarme Nahuel Gallo (liberado en marzo), ya regresaron.
La CIDH, que regula estas medidas para situaciones de daño inminente, podría responder en días, elevando la presión internacional sobre Caracas por detenciones arbitrarias.
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