Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo ver con «extrema preocupación» el clima de «represión» que rodea a las elecciones del próximo 7 de noviembre en Nicaragua, y consideró que no cumplen con los estándares para garantizar que sean «libres, justas, transparentes y pluralistas».
La comisión publicó este jueves un documento titulado «Concentración del poder y debilitamiento del Estado de derecho en Nicaragua», cuando faltan poco menos de dos semanas para las votaciones en el país centroamericano.
En esos comicios, Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista que retornó al poder en 2007 tras coordinar la Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, buscará su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, actual vicepresidenta.
Según la CIDH, en Nicaragua «ha operado un proceso paulatino de concentración del poder y un progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas que se intensificó» en 2007, cuando Ortega volvió al poder, y se «consolida a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018».
En 2018 estallaron unas protestas antigubernamentales en Nicaragua por unas reformas a la seguridad social, que dejaron cientos de manifestantes presos, muertos, desaparecidos y miles de heridos, según organismos de derechos humanos.
Para la comisión, la concentración del poder ha facilitado que Nicaragua «se transforme en un Estado policial, donde el Poder Ejecutivo tiene instalado un régimen de terror y de supresión de todas las libertades», mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión a través de instituciones estatales y paraestatales.
De cara a las elecciones, la CIDH dijo haber constatado «la intensificación de la represión contra la oposición política, líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos y periodistas» a partir de la publicación del calendario comicial, el 11 de mayo de 2021.
Desde entonces, ha tenido lugar la «detención arbitraria y criminalización de más 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo 7 personas precandidatas a la Presidencia, las cuales permanecen privadas de libertad».
Además, advirtió sobre la cancelación de la personería jurídica de tres partidos políticos y el «continuo hostigamiento» a las organizaciones civiles y de derechos humanos.
Para la CIDH, con estas acciones, el Gobierno «busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad».
De allí que la comisión observa con «extrema preocupación» que las elecciones tengan lugar «en este clima de represión y cierre de los espacios democráticos», en el que se arrestó «de manera arbitraria y permanecen detenidas todas las personas que expresaron públicamente su interés de participar como candidatas».
En ese contexto, el organismo con sede en Washington pidió, entre otros, al Estado de Nicaragua que libere a todos los detenidos en el contexto de la crisis iniciada en 2018, así como a los precandidatos a la Presidencia, a los defensores de derechos humanos y a los considerados opositores que han sido detenidos durante este año.
Además, hizo un llamado a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) a que exijan la realización de unas elecciones «libres, transparentes y justas».
También que se reclame al Estado nicaragüense que ponga «fin de inmediato a la represión y las detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos».
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