El cierre del puente internacional sobre el río San Miguel, que une el sur de Colombia (Putumayo) con el norte de Ecuador, ha paralizado el comercio, transporte y movilidad diaria desde finales de diciembre de 2025. Ecuador lo decidió para reforzar la seguridad contra grupos criminales en zonas limítrofes, suspendiendo un corredor clave de la Amazonía.
En San Miguel, la crisis se siente en la ausencia de clientes y pasajeros. Pedro Grijalba, director colombiano, resume el desierto puente —bloqueado con rejas del lado ecuatoriano—: «No sale ni un viaje; antes hacía tres al día para sostener a la familia. Ahora rebusco para la media comidita, y todo migró a la informalidad con piratería».
El río como nueva ruta ilegal
La dinámica cambió en las orillas: canoas con motores sustituyen al puente regulado. José Mesa, comerciante ecuatoriano, perdió su flujo diario de clientes: «No hay comercio, no hay a quién vender. Cruzo ilegalmente a Colombia por 100 dólares diarios que ahora no llegan a un tercio».
Francisco Gómez, del lado colombiano, advierte: «Todo se volvió ilegal». El cierre desvía viajeros a Ipiales (Nariño), a cientos de kilómetros, elevando costos en una vía que Gómez llama «interoceánica».
Escalada comercial y diálogo pendiente
La tensión diplomática creció en enero: Ecuador impuso aranceles a productos colombianos por falta de cooperación en seguridad; Bogotá respondió con cierres similares y suspensión de interconexión eléctrica. Habitantes como Mesa dudan de la medida: «Si es por grupos armados, por aquí no pasan».
Colombia y Ecuador retomarán diálogo la próxima semana en Lima, vía Comunidad Andina (CAN), para resolver la crisis. Comunidades reclaman soluciones rápidas, lejos de decisiones gubernamentales que ignoran su realidad vulnerable.
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